Señor Director:
Las cifras recientes sobre el balance estructural – que alcanzaría un -3,6% del PIB, el nivel más alto fuera del período de pandemia – no son sólo un dato técnico: son una señal política. Cuando un gobierno fija metas explícitas y las incumple reiteradamente, la discusión trasciende lo contable y se instala en el terreno de la responsabilidad.
En 2023 la meta era -2,1% y cerró en -2,7%. En 2024 se proyectó -1,9% y terminó en -3,3%. Para 2025 la meta se ajustó desde -1,1% a -1,6%, pero el resultado proyectado alcanza -3,6%. Este patrón evidencia algo más que dificultades coyunturales: revela problemas de gestión, planificación y control del gasto.
La regla fiscal no es un adorno técnico; es un compromiso institucional diseñado para resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas y proteger a las futuras generaciones. Su incumplimiento reiterado erosiona la credibilidad y encarece el margen de acción de los próximos gobiernos.
Toda administración enfrenta contextos económicos complejos. Pero precisamente por ello la disciplina, la prolijidad y la capacidad de corregir oportunamente son virtudes indispensables. Gobernar exige rigor técnico y responsabilidad política, especialmente cuando se administran recursos que pertenecen a todos los chilenos.
La sostenibilidad fiscal no es patrimonio de un sector ideológico, sino un deber republicano. Ignorarlo tiene costos que, tarde o temprano, terminan pagando los ciudadanos.
Rodrigo Durán Guzmán
