Las puertas de las casas no solían cerrarse con llave. Y en ese Ninhue de comienzos del siglo XXI tampoco se aseguraban con pestillo los vehículos, ni las familias tomaban mayores resguardos respecto de sus pertenencias o su seguridad personal.
“Era un Ninhue donde la gente no sabía lo que era el miedo a la delincuencia. Lo peor que podía pasar era que alguna vez robaran algunos animales, y eso ocurría muy poco”, relata el alcalde de Ninhue, Luis Molina.
Pero el jefe comunal de la provincia de Itata es uno de los pocos en Ñuble que se ha atrevido a hablar sin eufemismos. “Hoy la gente ya está asustada, más que preocupada. Y todo porque llegaron algunas personas a instalarse a nuestra zona con las malas costumbres de los barrios peligrosos de las ciudades grandes”.
Añade que “estamos hablando de pasta base, marihuana y de gente que recluta a algunos jóvenes de acá para el tráfico”.
Más allá de la franqueza, sus declaraciones no sorprenden. De hecho, parecen un eco de advertencias formuladas incluso desde la Fiscalía Nacional respecto de la necesidad de reforzar los resguardos en zonas rurales, considerando que en Biobío y Maule ya se había detectado presencia de estructuras criminales que aprendieron a operar desde lo extraurbano.
En Ñuble, el narcotráfico dejó de ser un fenómeno exclusivamente urbano. Las últimas incautaciones realizadas en febrero —avaluadas en miles de millones de pesos— no solo sorprendieron por su magnitud, sino por lo que revelan: la economía ilegal puede llegar a mover más recursos que muchas instituciones públicas en el territorio.
El contraste es evidente. El presupuesto anual del municipio de Chillán bordea los $66 mil millones y el del Gobierno Regional alcanza los $85 mil millones. En determinados procedimientos policiales, las drogas incautadas superan esas cifras. No se trata solo de sustancias ilícitas; se trata de poder económico.
Por eso los alcaldes rurales han vuelto a levantar la voz.
Coinciden en que el fenómeno ha crecido al alero de la llamada “neo-ruralidad”: parcelas más baratas que viviendas sociales en Santiago o Concepción, menor presencia institucional, escasa fiscalización y comunidades que no estaban acostumbradas a convivir con dinámicas propias del crimen organizado.
En ese contexto, el incentivo resulta difícil de igualar.
“Según lo que hemos podido averiguar, acá les pagan hasta un millón doscientos mil pesos por cada planta crecida y cosechada. Imagínese: si a una familia con problemas económicos le entregan 60 plantas para cuidar, pueden ganar más de 60 millones en una temporada”, comenta Molina, aún con tono de desconcierto.
Pero el problema —advierten exautoridades policiales y funcionarios penitenciarios— no se limita al cultivo.
Quizás lo más complejo para las autoridades comunales es que, pese a que Carabineros, la PDI y la Fiscalía investigan, incautan y detienen, el fenómeno no desaparece. Los operativos exhiben cifras crecientes, pero la percepción de inseguridad no retrocede.
Entonces comienza a erosionarse la confianza en el Poder Judicial y en el trabajo legislativo, al que algunos interpretan como ingenuo o desactualizado frente a una realidad que mutó con rapidez.
“Este Gobierno, como otros, ha intentado frenar esto con programas de intervención. Pero mientras no se legisle dentro de un contexto actualizado, no se puede hacer mucho. Hoy vemos que la policía hace el trabajo, los detiene, y la Justicia los suelta o bien los jefes siguen operando desde el interior de las cárceles”, sostiene Molina.
Solo en lo que va de 2026 se han registrado incautaciones de plantaciones en Pemuco, Ninhue y Trehuaco.
El alcalde de esta última comuna, Nicolás Torres, opta por la cautela. Señala que no cuenta con antecedentes suficientes para afirmar que opere formalmente el crimen organizado en su territorio, aunque reconoce indicios preocupantes.
“No puedo confirmar que exista una red organizada ni que estén reclutando formalmente a personas. Pero sí se observan micro redes de tráfico dirigidas por personas cuya procedencia desconocemos”, afirma.
Añade que “estas redes utilizan a jóvenes; más que reclutarlos, les venden y ellos revenden, no solo marihuana, sino también pasta base. Es una situación que preocupa, porque no tenemos herramientas para prevenir este delito más allá de algunas cámaras de televigilancia”.
El punto de inflexión, coinciden varias autoridades, fue la pandemia.
En 2021, la PDI realizó la mayor incautación conocida en la historia de Ñuble: cuatro toneladas de marihuana en un operativo desarrollado en Ñiquén, San Carlos y la Región Metropolitana, que terminó con 11 detenidos.
“Soy alcalde desde 2021 y desde ese año ya existían denuncias e incautaciones. El consumo también trajo más delitos asociados. Tras la pandemia se produjo el fenómeno de la neo-ruralidad: personas provenientes de zonas urbanas, algunas vinculadas al narcotráfico, llegaron a instalarse en la comuna”, complementa Torres.
Fuera de micrófono, varios alcaldes reconocen algo similar: muchos vecinos saben quiénes son, dónde viven y qué hacen, pero el miedo se ha instalado.
El paisaje agrícola ahora también es infraestructura disponible. En comunas con presupuestos limitados y escasas oportunidades laborales, el dinero rápido empieza a pesar más que la tradición.
En esa búsqueda por entender el origen y la persistencia del fenómeno, surge inevitablemente otro elemento de la ecuación: la cárcel.
“Lo de los inhibidores es mentira”
Si hay una frase que jueces y abogados penalistas rechazan tajantemente es la de la “puerta giratoria”, utilizada para caricaturizar una supuesta “mano blanda” en los tribunales.
Sin embargo, el debate sobre el encierro va más allá de las medidas cautelares. Chile enfrenta niveles de hacinamiento que superan ampliamente la capacidad original de varios recintos penitenciarios. El problema no es solo cuántas personas ingresan a prisión, sino qué tan efectivo es el control que el Estado ejerce sobre quienes ya están tras las rejas.
Un dato revelador lo entrega el suboficial Cristian Montecinos, presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
“Nos estuvieron mintiendo por años. Nos dijeron que el Estado había comprado equipos inhibidores de señal para las cárceles de alto riesgo y eso no es cierto. Lo que se hizo fue bloquear algunas IP de teléfonos que caían en manos de internos, pero bastaba cambiar el chip y seguían funcionando. Lo de los inhibidores es mentira”, asegura.
Según Montecinos, con las condiciones actuales Gendarmería no cuenta con herramientas suficientes para impedir que el narcotráfico opere desde el interior de los penales.
“Hay medidas relativamente simples: inhibición efectiva, escáneres de cuerpo completo, arcos metálicos en todos los accesos, cercos perimetrales adecuados que impidan lanzamientos desde el exterior. Con eso se reduciría gran parte del problema”, sostiene.
Desde su perspectiva, el aumento de condenados por delitos de droga también se observa en recintos como Yungay, Quirihue y San Carlos.
“El campo y su pobreza hoy son terreno fértil. Allí encuentran predios, sistemas de riego, galpones y personas dispuestas a cuidar cultivos”, afirma.
Las declaraciones tensionan el discurso político regional, reticente a hablar abiertamente de crimen organizado.
Pero el exprefecto de Carabineros y exintegrante de la Coordinación de Seguridad Pública de Ñuble, coronel John (r) Polanco, es categórico.
“Si en dos incautaciones en la misma comuna, con días de diferencia, se encuentran más de 300 mil plantas y casi 50 kilos prensados, es imposible pensar que un par de personas o delincuentes comunes hayan podido cultivar, cosechar, transportar y vender todo eso sin una red organizada”, plantea.
Añade que la región, por sus condiciones geográficas, funciona como corredor natural para transporte y cultivo.
“Estamos hablando de un poder económico que compite con presupuestos públicos. Y parte importante de ese flujo está pasando por Ñuble”, advierte.
Polanco va más allá del diagnóstico y cuestiona la actualización de la Ley 20.000. “Las condenas fueron diseñadas pensando en un narcotráfico mucho menor al actual. Hoy el fenómeno tiene otra escala y otro nivel de organización”, sostiene.
El riesgo mayor, concluye, es la corrupción. “Cuando el volumen de dinero crece, crece también la posibilidad de captura institucional”.
Aterrizar las expectativas
Primero fue la sal, luego el tabaco, el opio y el whisky. Todos —en sus respectivas épocas— fueron objeto de monopolio, impuestos extraordinarios o prohibición. Gravados, regulados o penalizados según el momento histórico, evidencian que la frontera entre lo lícito y lo ilícito es también una construcción política.
La secuencia no es antojadiza. En Chile ocurrió algo similar con la marihuana, la cocaína, la pasta base, la tusi y otras drogas sintéticas. Más allá de sus diferencias químicas, comparten una constante: donde existe demanda y restricción, surge un mercado dispuesto a abastecerla.
“Por eso afirmo que ningún país ha logrado erradicar el narcotráfico por completo. No es un delito predatorio, como el secuestro o el sicariato. Mientras haya personas dispuestas a consumir, habrá quienes produzcan y vendan”, sostiene el abogado y magíster en Derecho Penal, exfiscal militar y autor de estudios sobre inteligencia en seguridad, Rodrigo Vera Lama.
El jurista plantea que los esfuerzos deben centrarse en impedir que el poder económico del narcotráfico capture instituciones o se transforme en alternativa de subsistencia en territorios vulnerables.
“No existe en la experiencia internacional un solo caso en que exclusivamente con penas de cárcel se haya terminado con el tráfico. La Ley Seca en Estados Unidos demuestra cómo la prohibición puede fortalecer mercados ilícitos”, señala.
Sin embargo, también advierte que los procesos de regulación han mostrado resultados limitados y que el mercado ilegal suele operar con menores costos que el circuito formal.
“Hay que aterrizar las expectativas. Se puede contener, reducir daños y limitar el poder. Pero prometer erradicación total no es realista”, concluye.
Para Carlos Chandía, exalcalde de Coihueco y diputado electo por Ñuble, “nuestras comunas rurales ha sido y seguirán siendo foco de atención de bandas que se dedican al tráfico de drogas. No podemos ponernos una venda en los ojos en este tema, porque más complejo será enfrentarlo”.
Tras 12 años al mando de la comuna coihuecana dice haber visto los “esfuerzos tanto en los aspectos preventivos, los estamentos de enseñanza, Senda Previene es un claro ejemplo; como también a través de la coordinación con las policías y el Ministerio Público, sobre todo a través de los Consejos de Seguridad Pública en los municipios; pero claramente ello no ha sido suficiente”.
Desde el rol que le espera, espera proponer algunas mociones para proteger a las comunidades locales del narcotráfico.
“A priori, creo, que cualquier propuesta debe considerar a las propias comunidades, porque sé que son las primeras interesadas en defender nuestros territorios de quienes han llegado a contaminar, sobre todo, a nuestros jóvenes y niños”.
Finalmente, explica que “esta semana me reuní con el próximo Delegado Presidencial, Diego Sepúlveda, y precisamente el tema de la seguridad fue uno de los que abordamos junto a vecinos que visitamos. A nivel local el gobierno entrante tiene un diagnóstico muy claro de lo que ocurre, y habrá sin duda estrategias nuevas”.
Y mientras el debate continúa entre legislación, cárcel y políticas públicas, en Ninhue, Trehuaco, Ñiquén o Coihueco las puertas ya no quedan abiertas por la noche. Ese cambio silencioso —más que cualquier cifra— revela que el fenómeno dejó de ser ajeno. Ahora forma parte del paisaje.
