Con la designación del republicano Diego Sepúlveda como delegado Presidencial regional de Ñuble, el proceso de conformación del futuro gabinete local entró en su fase decisiva.
La nominación de los delegados provinciales y de los dieciocho secretarios regionales ministeriales se transformó rápidamente en un complejo ejercicio de equilibrio político entre el Partido Republicano, la UDI y Renovación Nacional principalmente, pero también en una señal del tipo de liderazgo que la Oficina del Presidente Electo (OPE) busca instalar en las regiones.
Desde el nivel central se han transmitido directrices claras: privilegiar rostros nuevos, abrir espacio a independientes cercanos al proyecto político del futuro gobierno y evitar que autoridades del segundo mandato de Sebastián Piñera “se repitan el plato” en la misma cartera.
Sin embargo, en la práctica ese objetivo tendrá excepciones. En Ñuble, al menos cuatro exautoridades de la administración anterior se integrarían al futuro gabinete regional, reflejando la dificultad de combinar renovación política con experiencia administrativa en un escenario de alta competencia interna.
El diseño regional, además, incorpora un componente estratégico adicional: quienes asuman como seremis deberán estar disponibles para enfrentar candidaturas en las elecciones regionales y municipales de 2028.
La señal apunta a que el cargo no solo sea un espacio de gestión, sino también una plataforma de posicionamiento político que permita proyectar liderazgos territoriales alineados con el programa de gobierno.
Direcciones regionales: a partir de marzo
La elaboración de las ternas que el delegado Presidencial regional enviará a los ministerios también se ha convertido en un espacio de negociación partidaria.
La UDI apuesta a asegurar carteras de alta visibilidad como Vivienda, Desarrollo Social y Seguridad, mientras RN intenta consolidar presencia en al menos tres seremías y en las delegaciones provinciales.
El Partido Republicano, en tanto, busca mantener la hegemonía política regional obtenida con la designación de Sepúlveda, impulsando nombres propios y una mayor presencia de independientes vinculados al sector privado.
El anuncio de los secretarios regionales ministeriales se espera para fines de febrero, pero el verdadero desafío administrativo vendrá inmediatamente después.
La nueva administración deberá revisar la continuidad de quienes dirigen los más de 60 servicios públicos con presencia en la región, entre ellos Registro Civil, Serviu, Servicio de Salud Ñuble y Servicio Médico Legal, entre muchos otros más. Aproximadamente el 90% de esas jefaturas ha sido designado en los últimos años mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), lo que obliga al nuevo gobierno a evaluar si mantendrá dichos nombramientos o realizará cambios que implican costos de indemnización o eventuales ajustes en concursos en curso.
Esto, teniendo en cuenta que en el último tiempo no han sido menores las críticas hacia el sistema, que finalmente termina siendo una decisión política del Presidente de la República y su entorno, dejando en un segundo plano los extensos procesos de reclutamiento.
En este contexto, la conformación del gabinete regional no solo definirá el equilibrio político interno del oficialismo entrante, sino también el ritmo de instalación del nuevo gobierno en el territorio.
La apuesta por combinar renovación, experiencia y proyección electoral refleja que la disputa por los cargos regionales no se limita al inicio de la administración, sino que forma parte de una estrategia de posicionamiento que mira desde ya el próximo ciclo electoral.
