La reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios de enero en Ñuble y Biobío avanza con una lentitud que inquieta y duele. La tragedia ya no ocupa los titulares con la misma intensidad, pero para quienes lo perdieron todo, la urgencia no ha disminuido un ápice.
En este contexto, la visita del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reabrió un debate de fondo: la necesidad de crear una institucionalidad permanente y especializada en reconstrucción. Su planteamiento apunta a un organismo con equipos técnicos de alto nivel, capaz de diagnosticar con precisión los impactos de las catástrofes y diseñar planes integrales, aprendiendo de la experiencia nacional e internacional. No es una idea descabellada. Chile es un país expuesto a incendios, terremotos e inundaciones, y el cambio climático no hará sino intensificar estos eventos. Contar con una estructura estable y preparada puede ser una inversión necesaria.
Sin embargo, el anuncio llega en medio de críticas severas por la lentitud del proceso actual. Y es ahí donde surge la principal tensión: ¿es este el momento para abrir un nuevo debate legislativo, cuando las familias aún esperan soluciones básicas? La experiencia reciente de Viña del Mar, donde la reconstrucción ha sido ampliamente cuestionada, funciona como advertencia y como espejo incómodo. Las comunidades afectadas no necesitan, en lo inmediato, una arquitectura institucional más sofisticada; necesitan viviendas, certezas y calendarios cumplidos.
El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, ha planteado una alternativa clara: traspasar competencias y recursos a los Gobiernos Regionales para que sean ellos quienes lideren la reconstrucción. Su argumento descansa en el conocimiento del territorio y en la coordinación directa con los municipios.
Más allá de las legítimas diferencias, lo preocupante es que el debate institucional termine eclipsando la urgencia social. Una nueva ley, que deberá discutirse tras el receso legislativo, puede ser pertinente en el mediano plazo. Pero hoy, la prioridad ineludible es acelerar los procesos administrativos, destrabar permisos, asegurar financiamiento oportuno y acompañar técnicamente a las familias damnificadas. Cada día de retraso es un día más de incertidumbre.
La reconstrucción no puede transformarse en un campo de disputa política ni en una discusión teórica sobre modelos de gestión. Las cerca de 200 familias de Ñuble no pueden esperar a que el Congreso resuelva una reforma estructural para recién ver avances concretos. La credibilidad de las instituciones se juega en la capacidad de responder aquí y ahora.
Chile necesita mejorar su institucionalidad frente a las catástrofes, sin duda. Pero también necesita demostrar que puede gestionar con eficiencia lo que ya tiene. Antes de crear nuevas estructuras, corresponde exigir resultados con las herramientas actuales. Solo cuando la reconstrucción muestre avances visibles y sostenidos, el debate sobre una nueva institucionalidad tendrá sentido. De lo contrario, el riesgo es que las palabras sigan acumulándose mientras las viviendas —y la confianza ciudadana— permanecen en cenizas.
