La tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal se transformó en uno de los principales focos de tensión política en la antesala del cambio de mando, enfrentando al Presidente Gabriel Boric con el futuro gobierno, y con legisladores de oposición que hoy controlan instancias clave del Congreso.
El debate, que el Ejecutivo busca cerrar antes del término de su período, ha derivado en un intercambio de acusaciones sobre responsabilidades políticas, prioridades legislativas y eventuales cálculos electorales que, según diversos actores, estarían dejando en segundo plano el impacto de la iniciativa en la inserción laboral femenina.
Desde el Palacio de la Moneda, durante la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el Mandatario insistió en la urgencia de avanzar en la iniciativa y cuestionó directamente la postura de la UDI.
“La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna”, afirmó, agregando que el retraso responde a la intención de “no darle un logro al Gobierno”, lo que calificó como “lo más indignante”. En esa línea, llamó a aprobar la norma incluso si es el próximo Ejecutivo el que la promulga, señalando que “esto no se trata de un logro al Gobierno, se trata de un derecho de dignidad para las mujeres”.
La presión del Ejecutivo se ha concentrado en conseguir que el Senado retome la discusión durante las primeras semanas de marzo, antes del traspaso de mando. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reforzó ese planteamiento al señalar que la aprobación “no es importante para el Gobierno, es importante para Chile”, subrayando que la iniciativa busca terminar con una “discriminación que afecta la participación laboral de las mujeres”.
Sin embargo, desde la oposición y el futuro oficialismo las críticas han apuntado a que la urgencia instalada en las últimas semanas responde más a una estrategia comunicacional que a una planificación legislativa sostenida.
El senador de la UDI por Ñuble y presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, se ha transformado en uno de los protagonistas del debate, luego de ser acusado por autoridades de Gobierno de realizar “maniobras dilatorias” en la tramitación del proyecto.
El parlamentario rechazó esas acusaciones y sostuvo que el retraso responde a la falta de prioridad que el Ejecutivo habría otorgado a la iniciativa durante la mayor parte de su mandato.
“Este gobierno fracasó en su intento de avanzar en estos dos proyectos”, afirmó en alusión a Sala Cuna Universal y al sistema de Financiamiento para la Educación Superior, agregando que la responsabilidad de impulsar la iniciativa “le va a corresponder al gobierno de José Antonio Kast”.
El rol de Sanhueza ha sido particularmente relevante debido a su posición como presidente de la comisión donde se encuentra radicado el proyecto, instancia clave para definir el ritmo de la tramitación legislativa.
Desde el oficialismo han cuestionado que la comisión no sesionara en una semana decisiva debido a la participación del senador en una actividad internacional, mientras que el parlamentario ha respondido que la urgencia legislativa fue ingresada tardíamente por el Ejecutivo, cuando el receso parlamentario estaba próximo.
Cambios que introduce el proyecto
Más allá de las recriminaciones cruzadas, el debate ha evidenciado la creciente politización de una iniciativa que, en su origen, contaba con amplios consensos respecto de la necesidad de ampliar el acceso a sala cuna y promover la corresponsabilidad parental. Distintos actores políticos y sociales han advertido que la discusión se ha desplazado desde el contenido del proyecto hacia el costo político de su aprobación, en un escenario marcado por la transición gubernamental.
En ese contexto, el contenido de la iniciativa ha vuelto al centro de la discusión. El proyecto de Sala Cuna Universal busca equiparar el derecho entre hombres y mujeres, eliminando la actual exigencia que obliga solo a las empresas con al menos 20 trabajadoras a financiar el beneficio.
La propuesta establece que el acceso a sala cuna se determine en función de la situación laboral de los padres o cuidadores, ampliando la cobertura a trabajadores dependientes e independientes, así como a quienes tengan el cuidado personal legal de niños menores de dos años.
La iniciativa también contempla la creación de un Fondo de Sala Cuna financiado con una cotización del empleador equivalente a un porcentaje de las remuneraciones imponibles, mecanismo destinado a asegurar la sostenibilidad del sistema y ampliar la oferta de establecimientos disponibles. De esta forma, el proyecto pretende avanzar en la corresponsabilidad parental y reducir los costos que hoy enfrentan las empresas al momento de contratar mujeres en edad fértil, una de las principales barreras para su inserción laboral.
Pese a estos objetivos, el debate legislativo se ha visto marcado por cuestionamientos respecto del financiamiento definitivo, la gradualidad de la implementación y la oportunidad política de su aprobación, especialmente considerando la proximidad del cambio de mando.
