Durante los meses de enero y febrero, Chillán ha sido escenario de una serie de operativos intensivos de limpieza, fiscalización, prevención de delitos y despeje de “rucos” y carpas en sectores estratégicos de la ciudad, como el estero Las Toscas, puentes urbanos, parques y entornos de baja circulación. Se trata de acciones que, más allá del impacto inmediato en toneladas de residuos retirados, envían una señal relevante sobre el tipo de ciudad que se quiere construir: una ordenada, limpia y segura, donde el espacio público vuelva a estar al servicio de todos.
Los operativos mixtos entre el municipio y Carabineros, que han permitido retirar decenas de toneladas de basura en pocos días, fiscalizar a personas en situación de calle y detectar conductas asociadas a delitos, no surgen de la improvisación, sino como respuesta directa a reiteradas demandas ciudadanas. Vecinos, automovilistas y transeúntes han alertado durante meses sobre puntos críticos donde la acumulación de desechos, la ocupación irregular del espacio público y ciertas incivilidades se habían normalizado, afectando la sensación de seguridad y deteriorando entornos urbanos claves.
Es importante decirlo con claridad: una ciudad desordenada es terreno fértil para las incivilidades. Cuando el espacio público se abandona, cuando se tolera la ocupación permanente de plazas, puentes o riberas con “rucos” y microbasurales, se instala la idea de que no hay reglas, ni autoridad, ni consecuencias. Recuperar esos espacios no es un acto de exclusión, sino un ejercicio básico de gobernanza urbana y de respeto hacia la mayoría de los chillanejos que cumplen las normas y esperan vivir en un entorno digno.
Los resultados de estos operativos hablan por sí solos: toneladas de residuos retirados, armas cortopunzantes incautadas, controles de identidad, detenciones asociadas a especies robadas y, sobre todo, una mayor presencia institucional en sectores que por largo tiempo estuvieron invisibilizados. Todo ello contribuye a reducir factores de riesgo y a restablecer condiciones mínimas de convivencia.
Sin embargo, el mayor desafío no está en la intensidad de estas acciones, sino en su continuidad. De poco sirve un operativo exitoso si, semanas después, los mismos espacios vuelven a ser ocupados y degradados. Cambiar conductas requiere persistencia, coordinación interinstitucional y una señal clara de que el orden urbano no es negociable ni estacional.
Ello debe ir acompañado, por cierto, de políticas sociales que aborden la situación de calle desde una perspectiva integral. Pero esa necesaria dimensión no puede transformarse en excusa para renunciar al control del espacio público. Orden y apoyo social no son conceptos opuestos; por el contrario, deben avanzar de la mano.
Chillán necesita perseverar en esta senda. Una ciudad limpia y ordenada no es un lujo, sino el primer paso para fortalecer la tranquilidad, la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes. Mantener estos operativos en el tiempo es una decisión política y administrativa que, hoy, cuenta con el respaldo evidente de la ciudadanía.
