En tiempos en que la desconfianza hacia el transporte público se ha instalado como una preocupación transversal, decisiones como la adoptada por la Asociación de Taxibuses de Chillán merecen ser destacadas y valoradas. La implementación voluntaria de alcotest y narcotest a sus conductores, junto con la actualización de su reglamento interno, no solo apunta a elevar los estándares del servicio, sino que envía una señal clara: la seguridad de las personas no admite postergaciones ni medias tintas.
El transporte público es un servicio esencial. Miles de chillanejos y chillanvejanos dependen a diario de taxibuses para trasladarse a sus trabajos, estudios o centros de salud. Subirse a una micro implica un acto de confianza básica en que quien conduce está en condiciones físicas y mentales óptimas para hacerlo. Cuando esa confianza se quiebra, como ha ocurrido en distintos puntos del país, el daño no es solo individual, sino social.
Que un gremio decida anticiparse, ordenar la casa y asumir controles preventivos internos es una señal de madurez institucional. Tal como lo han sostenido sus dirigentes, no se trata de perseguir ni estigmatizar, sino de prevenir. La seguridad vial no se improvisa ni se resuelve solo con fiscalizaciones externas: se construye desde dentro, con normas claras, con responsabilidad profesional y con una cultura organizacional que ponga al usuario en el centro.
La decisión de la Asociación de Taxibuses de Chillán adquiere además un valor especial al alinearse con el espíritu de la llamada Ley Alberto, recientemente aprobada en comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta iniciativa, nacida tras una tragedia que conmocionó al país, busca establecer controles periódicos y obligatorios de alcohol y drogas a conductores del transporte de pasajeros. Su discusión refleja una demanda ciudadana legítima: mayor rigor, mayor prevención y mayor protección de la vida.
Mientras el Congreso debate y legisla, el gesto del gremio local demuestra que no todo debe esperar a que la ley obligue. Cuando la autorregulación funciona, cuando los propios actores del sistema comprenden la gravedad de los riesgos y actúan en consecuencia, se avanza más rápido y con mayor legitimidad.
Este tipo de medidas también abre una oportunidad mayor. Si el transporte público quiere recuperar usuarios, mejorar su imagen y competir en un escenario urbano cada vez más complejo, debe ofrecer algo más que recorridos y horarios: debe garantizar confianza. Y esta se sustenta en hechos concretos, no en discursos.
Ojalá esta iniciativa marque un precedente y sea replicada por otros gremios y operadores del transporte en la región y el país. Porque cuidar la vida de quienes se suben a un taxibús no es solo una obligación legal futura: es una responsabilidad ética presente. Y cuando esa responsabilidad se asume con convicción, toda la ciudad avanza un poco más segura.
