Los conductores de transmisión eléctrica, al igual que la madera, el contrabando y las drogas ilícitas se han transformado y consolidado en Ñuble -como en todo el país- como los principales ejes del crimen organizado que han operado en Chile en los últimos años. Se habla, ahora de robos a gran escala.
Pero no fue sino hasta octubre del 2024 cuando la CGE, Copelec y Frontel presentaron una querella conjunta por la sustracción de 3.800 metros de cable en Pemuco, que comenzó a ser realmente visible el daño que estas mafias están generando en los sectores rurales de Ñuble.
Esta semana, CGE realizó un balance anual de lo sustraído en la región a las tres empresas distribuidoras antes mencionadas, cifrando las pérdidas en 21.149 metros en 2025, mientras que en el contexto nacional se habla de 420.722 metros.
Mientas los clientes locales afectados fueron 3.102, en el total país alcanzaron a las 265.487 familias.
“Lamentablemente, el año 2025 marcamos un nuevo récord en este tipo de delitos, lo que resulta muy preocupante por el impacto directo que tiene en la calidad de vida de las personas. En regiones como Ñuble, estos robos generan interrupciones prolongadas y un alto despliegue técnico para restituir el servicio”, comentó Víctor Balbontín, director de Operaciones de CGE.
Mientras que desde Copelec, su jefe de Seguridad, Nelson Jorquera, cifra en 267 los casos de robos que la compañía sufrió el año pasado.
“Yo diría que ahora en enero no ha habido más de 10 casos, pero no es un índice válido, ya que enero y febrero suelen ser meses de bajo impacto en esa materia”, advirtió.
Respecto a la querella ingresada por las tres compañías, solo ratificó que ya existe una investigación formal por parte del Ministerio Público, “por lo que no estamos autorizados a entregar mayores informaciones”, comentó.
Quejas por las tardanzas
Mientras las empresas lamentan el robo del material y sus millonarios costos (solo CGE cifra en $5.570 millones en pérdidas), en las comunas rurales de Ñuble las quejas apuntan a las demoras y los amplios plazos que las normativas legales le entregan a las empresas para reponer los servicios caídos en caso de siniestros.
Desde la comuna de El Carmen, donde hubo un corte programado por Frontel este jueves 5, en el sector de Trehualemu; el alcalde Renán Cabezas dijo que “lo que nos complica no son los cortes programados, sino que los que no se programan”.
El jefe comunal apunta a que la normativa vigente “les da hasta cinco días de plazo a las empresas para la reposición del servicio y eso no puede seguir así, porque hoy la mayoría de las familias en los sectores rurales, no solo en El Carmen, sino en toda la región, depende de la electricidad incluso para el consumo de agua, ya que dependen de sus punteras que funcionan con electricidad”.
Cabezas añade que, además, “estos cortes se están haciendo de manera constante, ya sea por las inundaciones en el invierno, en el verano con los incendios o durante todo el año por los robos. Y nosotros sí tuvimos comunidades, con más de esos cinco días permitidos, sin luz, lo que les hizo perder comida y otros productos como sus cultivos. El último corte fue el martes”.
