El caso denominado “Muñeca Bielorrusa” ha trascendido la esfera de un escándalo judicial para convertirse en un símbolo del deterioro de la fe pública en Chile, un factor esencial para el funcionamiento de cualquier democracia sólida. Lo ocurrido en estas semanas, con la formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y la apertura de nuevas aristas investigativas que llegan incluso al corazón de la política nacional, pone en evidencia la urgente necesidad de reflexionar sobre el estado de nuestras instituciones y la confianza que los ciudadanos depositan en ellas.
La formalización por delitos de cohecho y lavado de activos contra Vivanco, quien enfrentó al máximo tribunal como jueza y luego fue detenida y llevada a audiencia tras la orden del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ha recalado como un golpe profundo en la percepción ciudadana. El propio Gobierno ha calificado el caso como un hecho de máxima gravedad, que, de confirmarse las imputaciones, marcaría un “pésimo precedente para la justicia chilena” y dañaría la separación de poderes esencial para la democracia.
Este caso tiene varios elementos que lo hacen particularmente desestabilizador. Por un lado, la presunta influencia de intereses particulares en decisiones judiciales que, en apariencia, favorecieron a un consorcio empresarial en desmedro de los intereses de todos los chilenos, erosionan el principio de imparcialidad que debe regir en cada fallo. Por otro, la extensión de la investigación hacia figuras políticas, incluida una senadora, investigada por presuntos pagos ligados a gestiones para un nombramiento en la Región de Ñuble, agrava la percepción de una red de tráfico de influencias que mezcla poder judicial, dinero y política.
Para quienes vivimos en la región y, en particular, en Chillán, esta dimensión local del caso no puede soslayarse. La investigación apunta que parte de estos antecedentes implican al conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, formalizado por lavado de activos junto a otros imputados en la trama, lo que ha sembrado inquietud sobre la penetración de estas prácticas hasta nuestros espacios institucionales más cercanos. Además, la eventual vinculación de una senadora por nuestra misma región vinculada a movimientos de dinero presuntamente destinados a influir en nombramientos agrede la confianza regional en quienes representan al territorio.
El daño que este caso inflige a la confianza en el poder judicial es incuestionable. La justicia no es solo un conjunto de normas y procedimientos; es una institución que debe ser ejemplo de integridad y transparencia. Cuando las decisiones judiciales parecen sujetas a intereses oscuros, se abre una grieta en la base misma del Estado de derecho. El país entero observa con desazón cómo figuras que debieron ser guardianes de la justicia están hoy cuestionadas por conductas que parecen contradecir los valores que representan.
Más allá de nombres y cargos, lo que está en juego es el consentimiento social para aceptar las fallas y decisiones del sistema. Cuando la ciudadanía percibe que las instituciones funcionan con doble estándar, con puertas traseras o con redes de influencias que benefician a unos pocos, se pierde la confianza, ese capital intangible pero fundamental para la cohesión social y la legitimidad democrática.
La democracia chilena no puede permitirse que casos como este se conviertan en escándalos aislados y rápidamente olvidados. Este episodio debe impulsar una discusión profunda sobre transparencia, rendición de cuentas y reformas estructurales que permitan reconstruir no solo la confianza en la justicia, sino también en todos los pilares del Estado. Si no se toman acciones claras para fortalecer la integridad institucional, el riesgo es que la fe pública se hunda aún más, con consecuencias difíciles de revertir.
