Los devastadores incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas en las regiones de Ñuble y Bío Bío han puesto de manifiesto una vez más la fragilidad de nuestros territorios ante emergencias que parecen repetirse con mayor intensidad y frecuencia. Mientras las llamas consumían bosques, predios rurales y zonas de interfaz urbano-forestal, emergieron cadenas de críticas y reflexiones legítimas sobre la necesidad de prevención. Sin embargo, existe un punto que, con rigor, exige ser colocado en el centro de este debate: la evidencia científica existe, los diagnósticos están hechos, pero la acción efectiva aún está pendiente.
Hace más de cinco años, un estudio publicado en la revista Science of the Total Environment, con participación de académicos chilenos y españoles, advertía sobre los escenarios críticos en la interfaz urbano-forestal. El análisis, basado en imágenes satelitales y datos de décadas de incendios entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, detallaba que millones de personas, incluidas poblaciones en Bío Bío y Ñuble, vivían expuestas a incendios por estar asentadas en zonas donde áreas vegetales altamente inflamables convergen con barrios urbanos. El estudio advertía que esta condición, intensificada por condiciones climáticas más secas, representaba un riesgo significativo de conflagraciones de alta intensidad en entornos poblados.
Hoy las llamas han confirmado aquello que la evidencia técnica ya había señalado hace más de cinco años: la vulnerabilidad no es una sorpresa, sino el resultado de decisiones de planificación y gestión que no se tradujeron en políticas públicas concretas. El informe, además, llamó explícitamente a identificar y reglamentar estas zonas de interfaz, incorporar criterios de manejo del combustible vegetacional y establecer distancias de seguridad entre áreas urbanas y vegetación combustible.
La advertencia no se limitó a la interface. En otro estudio publicado recientemente, investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad de Concepción alertaron sobre la amenaza que se cierne ahora sobre los suelos quemados: suelos que, tras temperaturas extremas, pueden volverse hidrofóbicos, impermeables al agua, y repeler las lluvias, transformando los cerros quemados en verdaderos “autopistas de sedimentos”. Este fenómeno eleva la probabilidad de aluviones e inundaciones en invierno próximo, cuando lleguen las precipitaciones.
Ambos diagnósticos se relacionan estrechamente: el riesgo no termina con el fuego, sino que evoluciona hacia nuevas amenazas si no se actúa con anticipación. El estudio del suelo detalla que la planificación reactiva y la escasa inversión preventiva, apenas un pequeño porcentaje del presupuesto forestal se destina a prevención, agravan esta vulnerabilidad, promoviendo una gestión que solo responde cuando el desastre ya está en curso.
La pregunta inevitable es: ¿cuánto más evidencia científica se necesita antes de tomar decisiones estructurales y sostenidas? Cada incendio, cada hectárea quemada y cada vivienda perdida no solo es una tragedia humana y ambiental, sino también un recordatorio de que contamos con información clave para anticipar y mitigar estos efectos. La planificación territorial, las franjas de protección, el manejo del combustible vegetacional y la adaptación efectiva de suelos y cuencas son medidas que no se improvisan en medio de la emergencia, sino que se construyen con tiempo, recursos y voluntad política.
La academia ha cumplido su parte: el análisis, la advertencia y la proyección de escenarios de riesgo están disponibles. La ciudadanía ha mostrado su preocupación y solidaridad. Ahora es la autoridad de turno la que tiene la responsabilidad de cerrar la brecha entre diagnóstico y ejecución. Transformar estudios en acciones concretas no debe ser una aspiración retórica, sino una prioridad urgente en la agenda pública.
