Los incendios que hoy afectan a distintos territorios nos dejan un impacto profundo y multidimensional: personas fallecidas, viviendas destruidas, pérdida de medios de vida, daño ambiental de largo plazo y un silencioso, pero persistente, desgaste psicosocial en las comunidades afectadas. En este escenario, el foco inmediato y prioritario debe estar, sin ambigüedades, en el combate del fuego, la protección de la vida y el resguardo comunitario. Toda discusión que desplace ese objetivo central resulta, simplemente, inoportuna.
Sin embargo, una vez superada la emergencia, el debate público no puede agotarse en el recuento de daños ni en la búsqueda de responsables penales, por más legítima que esta última sea. La sanción de los delitos asociados a incendios es necesaria y debe seguir su curso, pero no puede convertirse en el eje exclusivo de la respuesta política e institucional. Si algo nos enseñan estos eventos recurrentes, en un contexto de cambio ambiental en curso, es que volver únicamente a la “normalidad previa” equivale a reconstruir las mismas condiciones que hicieron posible la catástrofe.
Por ello, la recuperación no puede limitarse a la reconstrucción material. Debe incorporar procesos de preparación comunitaria, que incluyan educación en gestión del riesgo, planes de evacuación construidos con las propias comunidades, fortalecimiento de redes organizativas locales, sistemas de alerta comunitarios, cuidado de la salud mental y una planificación territorial que deje de tratar los incendios como eventos externos e imprevisibles. Preparar no es alarmar; es reconocer la realidad del riesgo y actuar en consecuencia.
En el momento posterior al cese del fuego, la pregunta clave no es solo cómo rehabilitar infraestructura y servicios, sino qué tipo de recuperación queremos/deseamos desarrollar. Una recuperación centrada exclusivamente en lo material corre el riesgo de ser rápida, visible y políticamente rentable, pero estructuralmente frágil. En cambio, una recuperación que incorpore la reducción material (y simbólica) de la vulnerabilidad, junto con la preparación, apunta a fortalecer capacidades para enfrentar futuros incendios, que ya no son excepcionales, sino parte de un patrón que llegó para quedarse.
La discusión pública suele inclinarse, con razón, hacia la penalización: identificar culpables, endurecer penas, reforzar controles. El problema no es castigar, sino creer que castigar basta. Los incendios no ocurren en territorios neutros. Se expanden con mayor fuerza allí donde predominan ciertos usos del suelo forestal, existen déficits de planificación territorial, interfaces urbano-rurales desreguladas, precariedad habitacional y una baja inversión sostenida en prevención y educación comunitaria.
Hoy, mientras el fuego sigue activo, el esfuerzo debe estar puesto en su control. Pero cuando las llamas se apaguen —porque inevitablemente lo harán—, el verdadero desafío será no apagar también la discusión de fondo. Si la recuperación no integra de manera decidida la prevención y la preparación, seguiremos atrapados en un ciclo de emergencia permanente, reconstruyendo una y otra vez lo que, con alta probabilidad, el verano de 2027 volverá a ponernos en jaque.
José Sandoval Díaz
Director del Centro de estudios Ñuble
Universidad del Bío-Bío
