Los incendios forestales que golpean con fuerza a Ñuble y Biobío este verano vuelven a desnudar una verdad incómoda: Chile sigue enfrentando emergencias del siglo XXI con herramientas del siglo pasado. Mientras las llamas arrasan bosques, viviendas y economías locales, la denominada Ley de Incendios cumple ya dos años entrampada en el Congreso, convertida en otro campo de disputa política que poco dialoga con la urgencia del territorio.
El reciente emplazamiento del gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, tiene asidero. Pese a una inversión regional cercana a los $15.000 millones en prevención —maquinaria, cortafuegos, vías de evacuación y apoyo a Bomberos—, los incendios siguen ocurriendo con la misma o mayor intensidad. La razón es estructural: sin una Ley de Incendios robusta, sin regulación efectiva de las parcelaciones y sin un Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) vigente, la prevención seguirá siendo un esfuerzo fragmentado y, en muchos casos, estéril.
El debate legislativo, sin embargo, parece ir por otro carril. La Ley de Incendios avanza lentamente entre reparos presupuestarios, discrepancias ideológicas y un enfoque que varios expertos califican como excesivamente punitivo. Aumentar sanciones y multas puede ser necesario, pero resulta claramente insuficiente si no se acompaña de incentivos reales para la prevención, financiamiento estable para las instituciones responsables y una planificación territorial que reduzca la peligrosa convivencia entre viviendas y plantaciones en la interfaz urbano-rural.
En este punto, el llamado es claro: más que seguir entrampando la ley por diferencias políticas, el Parlamento debe asumir una mirada de Estado. Perfeccionar la iniciativa —corrigiendo sus vacíos, fortaleciendo su dimensión preventiva y asegurando recursos para su implementación— es infinitamente más responsable que prolongar una parálisis legislativa cuyos costos se miden en hectáreas quemadas y vidas en riesgo.
Lo mismo cabe para el Plan Regional de Ordenamiento Territorial de Ñuble, cuyo reglamento lleva años detenido en Contraloría. Sin este instrumento, hablar de ordenamiento del territorio es casi un ejercicio retórico. La prevención de incendios no se juega solo en el combate aéreo o terrestre, sino en decisiones previas sobre dónde, cómo y con qué reglas se habita y se produce en el territorio.
La experiencia reciente demuestra que seguir reaccionando año tras año no basta. Chile necesita acuerdos transversales, legislación moderna y planificación efectiva. La Ley de Incendios puede y debe ser una herramienta clave para la prevención, pero solo si el Congreso decide poner el bien común por sobre el cálculo político. Porque cuando la política se quema en disputas estériles, el territorio arde de verdad.
