La funcionaria de la Delegación presidencial Punilla y consejera regional UDI, Lorena Jadua, fue notificada ayer jueves sobre el resultado de la investigación sumaria en su contra por un presunto uso irregular de licencia médica que habría hecho tras viajar a Bariloche, donde según la acusada, fue por razones médicas.
El resultado del sumario realizado el año pasado por una profesional de la delegación presidencia de Ñuble, como fiscal, arrojó la destitución de su cargo en la repartición pública de San Carlos, donde ejerce como asistente social en el Departamento de Social. La severa sanción fue reafirmada por la Subsecretaría del Interior.
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En diálogo con La Discusión, la funcionaria efectuó sus descargos frente a las indagatorias, acusando razones políticas por ser consejera de derecha y trabajar en un gobierno de signo político contrario.
“Siento que estoy siendo objeto de una persecución política. Soy una persona de las que ha puesto en conocimiento de la justicia las irregularidades que se han cometido. Entonces creo que esto es una forma también de vengarse a última hora. Por mi figuración política que tengo también como primera mayoría regional. (….)Yo tengo 27 años de servicio público. Tengo las mejores calificaciones. No he tenido nunca una acción de demerito. Este es mi primer sumario”, expresó.
La profesional consideró “desproporcionada” la resolución y anunció que están evaluando acciones administrativas y judiciales, junto a su abogado, para revertir esta decisión, las que se deberán presentar en un plazo de cinco días.
“Estamos analizando junto a mi abogado todas las acciones administrativas y judiciales, y son las que iremos ejerciendo a partir de la próxima semana. Yo todavía sigo en mi cargo”, dijo.
La exalcaldesa de San Fabián aseguró que el sumario es proceso aún en curso, donde quedan instancias que agotar.
“Las cosas deben hacerse bien. Con seriedad, con verdad y sin motivaciones que busquen empañar la honra o trayectoria de alguien con fines políticos o electorales. Menos aún cuando nada está resuelto, cuando no hay certezas y cuando todavía hay procesos en curso. Aquí hay mucho que reflexionar y mucho que aclarar. Nada está dicho aún. Pero sí es claro que no todo vale en política, y que la dignidad de las personas no puede transformarse en un campo de batalla”, añadió.
Durante la investigación, reafirmó, que presentó antecedentes que validaría las razones médicas de su viaje debido a padecer la enfermedad de cáncer. Sin embargo, advirtió que estas pruebas fueron desestimadas.
“Fui a Bariloche para buscar una segunda versión médica de tratamiento, porque me tuvieron que hacer un tratamiento de radioterapia y yo la verdad es que concurrí allá porque me dieron el dato, del centro de alta tecnología que tenía convenios con la provincia de Reloncaví que había ido la superintendencia de Seguridad Social a visitarlo también porque habían convenios con Fonasa. Yo presenté todos esos antecedentes, incluso, el certificado de visita que yo pedí y resulta que eso lo desestimaron y dijeron que era mi coartada. Como que yo estaba mintiendo con mi enfermedad y mi angustia de buscar otra alternativa”, relató.
En la misma línea, lamentó que la medida se aplicará con severidad considerando que atravesaba por una condición de salud compleja, que requería ampliar las opciones médicas para elegir la más adecuada como tratamiento. “Cuando se trata de situaciones tan delicadas como una licencia médica, y más aún vinculadas a un tratamiento contra el cáncer, lo mínimo que corresponde es actuar no solo con humanidad sino también con responsabilidad y apego estricto a los hechos. En mi caso, se han dicho muchas cosas. Lo claro es que jamás hubo aprovechamiento de ninguna especie durante mi tratamiento, y creo que ese mismo estándar de respeto debe aplicarse a todas las personas”, manifestó.
