En las últimas semanas, Chillán ha sido escenario de un debate ciudadano luego de que se confirmara el retiro de una pasarela peatonal que unía la villa Javiera Carrera con la población Irene Frei. Construido tiempo atrás para facilitar el tránsito entre ambos sectores, vecinos de la zona sostuvieron que la estructura había terminado transformándose en un punto de consumo de drogas, incivilidades y delitos, preocupante en un barrio con predominancia de adultos mayores.
Esta constatación no es un caso aislado ni una ligera molestia vecinal: refleja una percepción extendida de inseguridad que socava la vida cotidiana de miles de chillanejos. Según los propios datos de una consulta municipal, una mayoría de los habitantes de ambos sectores estuvo de acuerdo con retirar la pasarela, asegurando que su uso peatonal había disminuido y que, en cambio, se había convertido en un lugar de problemas.
Sin embargo, el foco de la discusión no puede quedar únicamente en la eliminación de infraestructura urbana. Si bien es comprensible que los vecinos busquen respuestas tangibles a sus temores, y que se aplauda que las autoridades escuchen inquietudes, el retiro de un puente no soluciona el problema de fondo: la falta de seguridad real y sostenida en los barrios afectados.
Retirar la pasarela puede disminuir momentáneamente la sensación de peligro, pero no reemplaza un sistema de seguridad eficaz y permanente. Un puente o una pasarela no son, por sí mismos, la causa de la delincuencia o el consumo problemático: son espacios que, sin presencia policial, vigilancia comunitaria o iniciativas orientadas a la rehabilitación social, pueden ser ocupados por quienes buscan espacios poco visibles para cometer delitos o consumir drogas.
Aquí entra un llamado claro y urgente a Carabineros, a la Municipalidad, a la Seremi de Seguridad Pública y a todos los organismos encargados. El sentido común exige más que el retiro de aquello que se percibe como problema urbano; exige garantías de seguridad y protección, hechos concretos que permitan a los vecinos transitar con tranquilidad, sentirse seguros en sus calles y recuperar la confianza en sus barrios.
Esto no es solo una cuestión de infraestructura. Se trata de estrategias más amplias: patrullajes constantes, presencia policial visible, programas de prevención del delito coordinados con fuerzas municipales y regionales, cámaras de televigilancia en puntos estratégicos, programas sociales que atiendan causas profundas de la violencia, y una articulación eficiente entre las autoridades y los vecinos.
Eliminar un puente por inseguridad puede sentirse como un alivio inmediato, pero la tranquilidad no se logra con muros ni divisiones: se obtiene con políticas integrales que unan esfuerzos institucionales, sociales y comunitarios. Las pasarelas no son el problema; son los síntomas visibles de un desafío más profundo que la sociedad y las autoridades deben enfrentar juntos.
La seguridad de Chillán no puede depender de la ausencia de pasos peatonales, sino de la presencia constante de carabineros visibles, de programas preventivos eficaces y de una comunidad que no tenga miedo de volver a transitar sus calles con normalidad. Ese es el verdadero desafío que se debe encarar.
