Sentado en el canto de una escalinata, en un local cerrado del Paseo La Merced, Luis parece perder la mirada un instante, entre buscando memorias atoradas o cerciorándose que nadie lo estuviera mirando en ese minuto.
Unos 10 segundos después, se destrabó. “Pasa que la flaquita (su expareja) ya me había denunciado antes por amenazas y luego por VIF. Y ahí caí preso. Estuve un par de meses sí, no más, pero igual supe lo que era eso”, comienza.
Pobre, como pobre puede ser una persona en situación de calle que ha pasado por episodios complejos de alcoholismo, dice que “yo no era de los que podía pagar para que me entraran un celular, pero sí había varios cabros que tenían, varios. Los prendían en la noche, hablaban con sus familias, con sus hijos y algunos mandaban videos de los carretes que se armaban en las noches”.
Sin embargo, eso no lo excusaba de defender las “pertenencias” del módulo. “Yo no tenía nada. La pura ropa, pero cuando -por ejemplo- uno de los cabros se agarraba con otro loco de otro dormitorio, teníamos que ir todos a defender y a pelear, no te puedes quedar atrás. Ahí llegaban los ‘pacos’ (gendarmes) en la noche, hacían los allanamientos, te quitaban todo, pero después veías que los mismos teléfonos que se llevaron los estaban usando otros cabros de otro dormitorio”, revela.
Quizás si Luis, por su perfil sereno y taciturno, hubiese sido encarcelado en los 80 o en los 90, hubiera sido el típico “mocito que no tiene mejor lugar para estar que la misma cárcel, a quien los gendarmes mandaban a comprar cigarros al negocio de la esquina, ahí en Vegas de Saldías. Antes eso era súper común, incluso a algunos les deban permiso para ir a comprar algo al centro y volver”, dice Rodrigo Vera Lama, abogado y magíster en Derecho Penal y autor de diversas obras sobre crimonología e inteligencia.
Vera Lama coincide con opiniones de otros expertos en seguridad, como el coronel (r) de Carabineros, Jorge Aguirre Hrepic, experto en Seguridad e Inteligencia, en que esa difusa línea que separa al gendarme de la delincuencia “ha existido siempre, debido a que el sistema carcelario de Chile nació mal diseñado”.
Así se busca dar luces en este debate nacional respecto a cómo opera Gendarmería, luego que una investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente, en conjunto con la PDI, a la que llamaron Operación Apocalipsis, dejara ya cerca de 50 funcionarios detenidos, más una veintena de civiles, por ser parte de una red criminal que lucraba haciendo cobros a los reos y sus familiares para ingresar elementos como celulares, electrodomésticos, comida, droga y visitas no autorizadas al penal de San Joaquín, en la Región Metropolitana.
El golpe fue un mazazo para la institución. Se anticipa ya la desaparición de sus gremios (como la Anfup) una vez que la institución pase de la cartera de Justicia a la de Seguridad, se habla de una reestructuración jerárquica, de un replanteo en la malla académica y se cuestionó con más fuerza que nunca al Estado por el total abandono a Gendarmería.
En la prensa y en redes sociales se han subido videos de funcionarios renunciando, de acusaciones cruzadas, se ha recordado casos antiguos como el de Myriam Olate, ex subdirectora técnica de Gendarmería y esposa del entonces diputado Osvaldo Andrade, quien se asignó una pensión de $5 millones (2015), siendo esta objetada por la Corte Suprema, tras denuncias de la prensa.
Y en Ñuble hubo un especial vínculo con el caso, ya que uno de los funcionarios detenidos registra domicilio en la casa de sus padres en la comuna de San Carlos, lo que motivó un allanamiento en ese domicilio el pasado jueves en la madrugada.
Acto seguido, de Gendarmería Regional descartaron que la Operación Apocalipsis incluyera indagatorias en las cárceles de Ñuble.
Pero…
Abogados, reos y gendarmes
“Lamentablemente, tres de mis hijos han estado presos. Por robo y por tráfico. El primero tiene que haber caído en el 2008, más o menos, y en eso años sí se pagaba para que dejaran entrar celulares. Claro que no era tan común como ahora. Antes los tenían los líderes, los que la llevaban ahí adentro. Ahora, casi todos tienen”, dice J., quien vive en la población Vicente Pérez Rosales.
Como todo el país, vio las imágenes y leyó las noticias respecto a las detenciones en la cárcel de San Joaquín y vio como los medios pasaban horas y horas festinando con la tarifa de precios.
“Acá eso no es así, no hay como un precio fijo. Uno tiene que saber con quién la puede hacer y con quién no, o con quien a veces no más se puede. Ahí se conversa el precio en persona, en el momento. Y tampoco es tanta plata como allá en Santiago, ni es por cosas como comida o televisores. Como te digo, es solamente por el tema de los teléfonos y por las drogas”.
Donde el asunto es diferente es en la cárcel de mujeres. “Allá, las ‘pacas’ (gendarmes) no te dan ni una pasá”, comenta “Almendra” como pide que la identifiquemos.
Añade que “con suerte te dejan pasar un chocolate o algo rico que les traen a las que están de cumpleaños, pero nada más. Y no creo que sea porque no sean corruptas, sino porque son entera malas, las hueonas son malas con las cabras, realmente malas”, acusa.
Sin embargo, Almendra ha perdido plata en este juego carcelario. “Yo tengo problemas por los antecedentes, pero ahora caí con un puro mono. Ya llevo un par de años con el problema y sabe qué, la abogada me ha pedido más de cuatro millones de pesos y la causa está igual que siempre”.
De dónde sacó esos 4 millones estando privada de libertad y en qué los ocupó su representante es algo que, obviamente, no pudo responder.
Al fin y al cabo -con un sistema carcelario deficiente de nacimiento- todo pareciera ser consecuencia de la total ausencia de dignidad.
El abogado penalista Giovanni Gotelli argumenta que “la gente se cansa de vivir o trabajar en entornos indignos y las cárceles lo son. La cárcel de Chillán es un lugar indigno”.
Ejemplifica relatando que “antes, a los abogados nos dejaban conversar con nuestros representados y clientes en oficinas. Ahora nos ponen cuatro módulos sin privacidad, a la vista de todo el mundo y nos hacen sentarnos en sillas de jardín infantil. Esa falta de dignidad, también afecta a funcionarios y abogados”.
Sin embargo, Gotelli pide que “no nos hagamos los santos, tampoco, si la corrupción en Chile llegó a niveles a los que jamás pensamos que iba a llegar. Es cosa de ver lo que está pasando en la Corte Suprema, acá en el Conservador de Bienes Raíces, en los nombramientos de los notarios, con el caso de las licencias médicas en las municipalidades, y un largo etcétera”.
“Burocracia como remedio”
Lejos de ser el final, este Apocalipsis pareciera mas un génesis de la catástrofe que se anuncia.
Hace una semana un dirigente de la Anfup del penal de Talca presentó un recurso de protección en contra de su directora regional, la coronel Pabla Arias, quien pese a lo que dice el reglamento institucional, nunca lo quiso recibir para que este formalizara denuncias graves en el interior del penal.
Puntualmente, acusa que oficiales del recinto (un teniente y un mayor) aceptaron donativos de imputados por tráfico de drogas y fraudes bancarios, consistentes en materiales de construcción, electrodomésticos y pesas para musculación.
Una vez que al fin se pudo reunir con la coronel -dice el escrito- la autoridad le dijo que “no podía hacer nada al respecto”.
El intento le ha valido acosos que persiguen sacarlo del penal y eso precisamente eso lo que esta acusando ante la Corte de Apelaciones de Talca.
“Y donde revises es lo mismo”, dice el abogado Rodrigo Vera Lama. Continúa con “¿has escuchado como cada noche se escuchan gritos en la torre de los dormitorios en la cárcel? Eso es siempre, y es porque a esa hora los presos hacen carretes y están bajo efecto de las drogas. Droga que entra por pelotazos y porque alguien las entra”.
El punto del abogado es que “es ridículo pensar que porque pasan de Justicia a Seguridad esto se termina. Carabineros hizo el ‘Pacogate’, los militares hicieron el ‘Milicogate’ y el exdirector nacional de la PDI está preso. Y esas tres entidades no son de Justicia, sino del Ministerio del Interior, entonces, están buscando arreglar el problema solo con burocracia como remedio”.
En esa misma línea, el suboficial Cristian Montecinos, presidente regional de la Anfup Ñuble, dice que “parece que nadie ha reparado en que este cambio es un traje a la medida para beneficiar a un puñado de personas al interior de la institución, ya que la cúpula de Gendarmería se concertó para obtener pensiones millonarias, lo que se conoce como el “Jubilazo”, en 2016 y generó un patrón de conducta que se potenció con la llegada de grandes traficantes a las cárceles y muchos de ellos se terminaron de convertir en delincuentes”.
Entonces, en la Anfup, dicen que “si para las autoridades, el problema son las asociaciones, que somos los que denunciamos los hechos graves, no es necesario un cambio de ministerio, sino que modificar con un par de comas, en el artículo primero de la Ley 19.296 para dejarlo en que “todos los trabajadores del Estado, no adscritos a la Caja de Reparto Solidario, podrán formar asociaciones y sindicatos” y con eso lo arreglan todo, pero claramente lo que se busca es que la oficialidad no tenga contrapeso”.
