Cerca de las 09.00 horas de la mañana de este martes 16 de diciembre, la madre del funcionario de Gendarmería, R.Z.B. llegó hasta la cárcel de San Carlos a pedir explicaciones. A preguntar qué pasaba.
Horas antes, un grupo de funcionarios de la PDI había irrumpido por sorpresa en su casa. Bajo orden judicial, comenzaron a allanar y registrar diversos artículos ante la atónita mirada de los dueños de casa.
Poco le pudieron responder en el penal. Sabían lo mismo que ya sabía todo Chile: la Fiscalía Metropolitana Occidente y la PDI llevaban investigando hace ocho meses a una red de funcionarios de Gendarmería quienes cobraban tarifas que iban desde los 10 mil a los 400 mil pesos a reos y a sus familiares, por ingresar artículos prohibidos o por organizar visitas secretas para presos extranjeros que estaban en condición irregular en Chile.
Y su hijo era uno de lo 44 funcionarios involucrados y con orden de detención, lo que se suma a otros 12 civiles, quienes se repartían roles y funciones en esta cadena de corrupción que logró recaudar millones de pesos y entregarle a la delincuencia y al crimen organizado una línea clandestina concomitante con el Estado, para traficar esos “tesoros carcelarios” (desde paltas, tarros de atún, carne, hasta hervidores, televisores, celulares o conexión a wifi) e incluso droga, lo que complica aún más la situación procesal de los detenidos.
Hasta el momento, es la única conexión con Ñuble que ha “arrojado esta investigación que aún no podemos dar por cerrada”, anticipa el fiscal de Santiago Occidente, Marcos Pastén. Si bien la mayor parte de las detenciones se efectuaron en la Región Metropolitana, el operativo también incluyó actuaciones en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.
Se incautaron 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas, detalles que se completarán este viernes 19, día en que se fijó la audiencia de formalización.
“Y esto seguirá pasando”
El fenómeno ya ha sido analizado por políticos, gremios de Gendarmería y expertos en seguridad pública.
Algunos de ellos, como el coronel(r) Jorge Aguirre Hrepic, exasesor de Seguridad Nacional en el gobierno de Michelle Bachelet, incluso analizó el tema con una perspectiva en Ñuble.
“Esto no es nada. 44 detenidos no representa nada en un sistema carcelario como el chileno que se ha ido tornando año tras año más vulnerable a la corrupción, explotando a sus gendarmes, y sin que nadie haga nada por cárceles como las de Chillán, que tienen un hacinamiento exagerado y, peor aún, nadie se ha atrevido a sacar del centro”, dice.
Aguirre agrega que “desde que comenzaron los cambios estructurales, con directores civiles reemplazando al que hizo carrera, ya los casos de corrupción o problemas con pérdida de plata comenzaron a ser comunes, y de ahí en adelante se empezó a caer todo”.
En cárceles como las de Chillán, apunta que “no cuentan con la tecnología ni la infraestructura que permita un control eficiente de lo que entra y lo que sale. No hay una separación ni segmentación que permita mantener en espacios especiales al reo peligroso, al que maneja al narcotráfico y con caudales de dinero con los que, fácilmente, puede llegar a corromper a un funcionario”.
La esperanza, según él, no se consolida pero sí parte por el traspaso de Gendarmería de Justicia al Ministerio de Seguridad, “porque desde la Escuela se debe mejorar en selección de personal, en capacitación, en mejorar la disciplina y la rigurosidad, no es posible que pase esto a días de otro escándalo, como el dejar libre a narcotraficantes por un error en la interpretación de un documento”.
Para el general (r) de Carabineros, experto en Investigación Criminal e Inteligencia, Daniel Tapia Mella, hay tres variables claras en estos hechos.
La primera, dice, es “la ausencia del Estado, que por mucho tiempo ha dejado de atender a un órgano clave en la seguridad, como Gendarmería. No ha sido ni proactivo, ni incisivo y todos estos espacios abandonados, los ha cubierto la delincuencia”.
El general Tapia, quien también fue jefe del Departamento OS-9 y director de la ex Dirección de Investigaciones Criminal de Carabineros de Chile, liderando la detención de la organización criminal que participó en el “Robo del Siglo” del año 2014, apunta a un sistema “relajado” de control, como segunda variable.
“Esta falta de control ha significado la creación de pequeñas estructuras criminales al interior de las cárceles, las que ya operan de manera cotidiana, sin que nadie neutralice esas conductas”, criticó.
Finalmente, como tercera variable, dijo a La Discusión que “la línea divisoria entre el crimen organizado que hoy está en la cárcel, y el gendarme, es muy débil. Y el crimen organizado no solo es poder económico; amenazan y corrompen”.
