Eran las 16.00 horas de ayer y en el sector de la pérgola de la plaza Sargento Aldea, en el corazón del mercado de Chillán, no había un solo vendedor de fármacos, como solía ser frecuente hasta hace poco.
Cierto, desde hace un par de semanas, Seguridad Municipal instaló un punto fijo allí, sin embargo, los ambulantes solían recorrer el resto de la manzana voceando sus ofertas de manera clandestina y cargando la mercadería ilícita en sus mochilas. Pero ayer, ni eso.
Tal vez la respuesta está en que a mediados de semana y tras una cadena de allanamientos en Santiago y Chillán, la PDI incautó 50 toneladas (50 mil kilos) de cajas de fármacos que tenían por destino el mercado ilegal, convirtiéndose en el mayor golpe a esa rama del comercio clandestino en lo que va del año.
Esos operativos significaron, también, la detención de una asociación delictual entera, constituida por 20 personas, la clausura de algunas farmacias establecidas en Santiago y una investigación fiscal que aún no termina. Y para la historia quedará en que el primer paso de esta diligencia se dio acá, en Chillán. Con una denuncia anónima.
“La investigación comienza en el mercado de Chillán. A partir de los microdistribuidores y de los vendedores al menudeo de medicamentos, fue que la Unidad de Análisis de Focos Investigativos y de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado (Brianco), se tomó el hilo conductor de esta investigación y llegan, por primera vez, a los grandes distribuidores que operaban en Santiago”, confirmó la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla.
La incautación, amparada bajo la Ley 20.000, permitió sacar de circulación cajas de tramadol, alprazolam o clonazepam, configurándose los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y comercio ilegal y clandestino.
La incautación ordenada en 32 viviendas de Santiago, Chillán y Biobío, incluyó $100 millones en efectivo y 13 vehículos, más 200 ampollas de fentanilo.
Mediante escuchas de teléfonos celulares interceptados y el análisis de cuentas bancarias se determinó la existencia de más de una estructura criminal, pero relacionadas entre sí, y “es así como se logró acreditar que los proveedores de Santiago no solo abastecían a los imputados de Ñuble, sino también a los de otras regiones, y que, incluso, entre los detenidos hay dueños de droguerías ubicadas en las comunas de San Miguel, La Granja, Santiago, La Pintana y Lo Espejo, algunas de las cuales funcionaban sin autorización del Instituto de Salud Pública”, detalló el jefe de la Región Policial de Ñuble, prefecto inspector de la PDI, Enrique Zamora.
La clave de la investigación fue que “se logró individualizar empresas (farmacias de Santiago) que aprovechando que mantienen un rol tributario, y algunas de ellas autorización del Instituto de Salud Pública, adquirían los fármacos directamente desde los laboratorios y comercializaban los productos tanto a feriantes como a proveedores”, detalló el fiscal Rolando Canahuate, jefe de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble
