Las declaraciones que la unidad anti-corrupción de Carabineros del OS-7 que trabaja bajo las órdenes de la Fiscalía de Los Lagos, le tomó al conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, al parecer no generaron mayor convicción. Será formalizado por delitos de cohecho este próximo 14 de enero.
Así se informó por parte del Poder Judicial, luego que la solicitud de la fiscal regional de esa región, Carmen Gloria Witter, encontrara espacio en la agenda del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en la segunda semana del próximo mes.
La persecutora tiene a cargo esta investigación de alcance nacional caratulada en la prensa como “Muñeca Bielorrusa” y es una arista de la indagatoria que se generó tras destaparse los hechos de corrupción de mayor envergadura que se tenga registro en el país: El caso “audios” que involucra a abogados, jueces y directores de servicios públicos.
Fue en el marco de este trabajo del Ministerio Público que el OS7 estuvo en Chillán, al menos en dos oportunidades, incautando material y tomándole la declaración a Najle, a quien le imputan el pago de $25 millones al esposo de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, supuestamente para quedarse con el cargo de conservador en Chillán tras la muerte de quien ocupara ese cargo de carácter vitalicio, Luis González.
Najle declaró que ese monto, cancelado de manera parcializada, obedecía a negocios y compromisos anteriores adquiridos con el cónyuge de Vivanco (Gonzalo Migueles). Con la audiencia fijada en su contra se confirma que el relato no ha sido suficiente como para excluirlo de la causa.
Así, Najle, quien aún sigue en ejercicio laboral, será el primer conservador de Bienes Raíces en la historia de Ñuble en enfrentar cargos en un tribunal penal, sin embargo, no es el primer actor del Poder Judicial que ha estado en esta situación. No al menos este siglo 20.
Otros cinco administradores de justicia y auxiliares del Poder Judicial de Ñuble también estuvieron en situación similar. Uno de ellos, incluso, terminó en prisión preventiva y espera un juicio por cohecho este 2026.
Los otros cinco casos penales
Excluyendo casos dirimidos en sedes civiles, de Familia o Laborales, desde el 2014 a la fecha, en los tribunales penales de Ñuble se ha formalizado a dos notarios, un ministro de la Corte de Apelaciones, un juez de Garantía y a un juez de Policía Local, quienes fueron formalizados por delitos tan diversos como lesiones, cohecho o falsificación de Instrumento Público.
El primer caso, de 2014, afectó al fallecido notario de Chillán, Manuel Bravo, a quien la Fiscalía Local, le cuestionó la extensión de unos documentos extendidos en su oficina, para la compra y venta de vehículos, caso en el que Bravo terminó siendo sobreseído.
El segundo hecho, de 2016, corresponde a un accidente protagonizado por el exministro de la Corte de Apelaciones de Chillán, Darío Silva, lo que le significó ser formalizado por el delito de lesiones.
En 2020, se formalizó y se condenó al exjuez de Garantía de Quirihue, Fernando Tarbes, por el delito de prevaricación, luego que se le acusara de haber devuelto de manera injustificada, una licencia de conducir antes del tiempo de la suspensión.
En 2022, quien enfrentó cargos penales fue el notario de San Carlos, Jack Behar, formalizado por “falsificación de instrumento público”. Según datos de la causa, el notario extendió un documento acreditando que su sobrina compró en regla un vehículo, pese a que el lugar donde se efectuó la negociación no era de su jurisdicción.
Finalmente, y también del 2020, pero aún vigente como causa, figura el caso del exjuez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos, quien en su calidad de asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán, fue acusado del delito de cohecho y violación de secreto en la mega causa conocida como “Caso Led”.
De toda la lista ha sido el único en estar privado de libertad en condición de preso preventivo. Fue condenado a tres años de libertad vigilada, multa de $24 millones y suspensión de 10 años para ejercer cargos u oficios públicos.
