Con una destacada presencia chilena —entre ellas, la participación de la Universidad de Concepción a través del Laboratorio de Ecosistemas Costeros y Cambio Ambiental Global (ECCALab)— fue presentado en la COP30 de Brasil un documento clave que urge a los gobiernos de América Latina y el Caribe a enfrentar la acidificación oceánica con políticas respaldadas por la ciencia.
El informe, respaldado por el Instituto Milenio SECOS, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, y otras instituciones de la Alianza para la Acidificación Oceánica, entrega una hoja de ruta que articula monitoreo, financiamiento y toma de decisiones para abordar una de las amenazas silenciosas más relevantes del cambio climático.
Acidificación oceánica
La acidificación del océano, un proceso silencioso impulsado por el incremento gradual de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera y su absorción por parte del océano, modifica la química del agua de mar, y amenaza la salud del mar y el sustento de millones de personas en América Latina y el Caribe. En respuesta, un grupo de científicos y centros de investigación regionales elaboró el informe clave que busca traducir la evidencia científica en acción política.
El documento, titulado “Taking Action on Ocean Acidification in Latin America & the Caribbean: Science to Policy Leadership”, fue presentado en el side event “Acidificación del Océano en América Latina y el Caribe: Ciencia, Políticas y Soluciones de Financiamiento”, en el Pabellón de Cuba.
“La colaboración científica internacional entre países latinoamericanos permite nivelar capacidades, estandarizar protocolos y fomentar el desarrollo de capital humano en la región”, destacó el investigador de CEAZA y uno de los firmantes del documento, Víctor Aguilera. Y añadió que “este trabajo ofrece a los tomadores de decisión herramientas y estrategias concretas para cumplir acuerdos e implementar mecanismos de sostenibilidad en el ámbito socio-ecológico costero”.
Tres pilares para la acción: monitoreo, políticas y financiamiento
El documento transita desde la alerta científica hacia la acción concreta, basándose en tres pilares fundamentales del documento. El primero es el fortalecimiento del monitoreo regional.
“Las brechas tecnológicas y de infraestructura tienen un componente de costo y otro de marco temporal”, explicó Víctor Aguilera. Y agregó que “la detección de la acidificación requiere series de tiempo de largo aliento, de años. Hasta ahora, los monitoreos en Latinoamérica se han sustentado en proyectos científicos de 3 a 5 años. Es vital la participación directa de los estados”.
El segundo pilar son las recomendaciones de política específicas, que detallan cómo alinear las estrategias de manejo oceánico, desde los Planes Oceánicos Sostenibles hasta las Áreas Marinas Protegidas, con la respuesta a la acidificación. Y por último, el tercer pilar explora mecanismos financieros innovadores para apoyar la implementación de soluciones y facilitar la adaptación de las comunidades costeras.
Un llamado a la gobernanza colaborativa
El documento insta a gobiernos, ministerios de hacienda, ONG y socios financieros a movilizarse en varios frentes. Las acciones clave incluyen reducir las emisiones de carbono y la contaminación costera, e invertir en programas de monitoreo a largo plazo para emitir alertas tempranas a las comunidades pesqueras y acuícolas.
“La ciencia puede y debe actuar como un puente entre el conocimiento técnico y la acción local”, afirmó Cristian Vargas.
“Involucrar a las comunidades costeras en el monitoreo y la comunicación de resultados genera confianza y promueve la corresponsabilidad. Cuando la información científica se traduce en herramientas prácticas, como sistemas de alerta temprana, las comunidades pueden participar activamente en la toma de decisiones. Este enfoque convierte a la ciencia en un motor de transformación social y ambiental”, finalizó.
El informe también subraya la necesidad de integrar la variable de la acidificación oceánica de forma transversal en todas las políticas climáticas y de biodiversidad, proteger los ecosistemas de carbono azul (como manglares y pastos marinos) que actúan como amortiguadores naturales, y fomentar la cooperación regional para construir una capacidad adaptativa colectiva.
