Recientemente, la Sala del Senado aprobó, en segundo trámite, el proyecto que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos de comunicación en los establecimientos de educación parvularia, básica y media. De esta forma, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara Baja.
La Sala aprobó los cambios que le hizo la Comisión de Educación a la iniciativa, como ampliar a todos los niveles educativos la prohibición, estableciendo excepciones por temas de salud o emergencia. Además, se establecen derechos y deberes para los integrantes de la comunidad educativa y se dispone que su aplicación comenzará el año 2026.
El proyecto recoge siete mociones parlamentarias, donde tuvieron una destacada participación en su tramitación parlamentarios de Ñuble. Y no se trata de una cruzada nostálgica contra la modernidad, sino de un intento serio por alinear la evidencia científica con las políticas públicas, en que hay que reconocer también que Chile llega tarde en comparación con Europa y Australia, donde leyes de este tipo llevan años vigentes.
Los estudios alertan sobre efectos negativos en el desarrollo neuronal, la concentración y la salud mental de niños y adolescentes; mientras que, algunos expertos afirman que estos efectos podrían revertirse en pocos años si se aplicaran medidas como la restricción de redes sociales y la prohibición de celulares en colegios.
En terreno, la experiencia de algunos colegios que ya aplican restricciones voluntarias confirma que reducir la presencia de celulares en las salas no solo mejora la atención, sino que también fomenta la interacción cara a cara, elemento esencial para el desarrollo socioemocional.
El caso más conocido en la región es el de la Escuela Reyes de España, de Chillán. Pionera en el país en erradicar por completo los celulares de las salas, luego de la pandemia.
Sin embargo, la medida no es mágica: exigirá acompañar a las familias, capacitar a docentes y establecer protocolos claros para casos excepcionales como emergencias, necesidades educativas especiales o condiciones médicas.
No se trata de demonizar la tecnología, que es una herramienta imprescindible en la educación contemporánea, sino de establecer un marco que devuelva al aula su condición de espacio de aprendizaje, concentración y diálogo.
Pero al convertir esta norma en una prohibición casi absoluta se corre el riesgo de reducir un problema complejo y limitar oportunidades pedagógicas, sin mencionar las dificultades de su implementación y fiscalización.
Experiencias internacionales evidencian que las políticas más exitosas combinan regulación con programas de alfabetización digital, mediación parental y acompañamiento docente. Así, la clave consiste en no excluir la tecnología, sino en integrarla de manera crítica y responsable, reforzando la resiliencia digital y las habilidades socioemocionales. En ese sentido, la ley podría ser letra muerta si no va acompañada de estrategias que enseñen a los niños a autorregular su uso, a diferenciar el ocio de la función académica y a comprender los riesgos de la hiper-conectividad; en otras palabras, educar en el uso consciente de los celulares.
El desafío, entonces, es transformar los dispositivos en aliados para el aprendizaje, promoviendo la colaboración familia-escuela y consolidando climas de convivencia escolar positiva.
