Fernanda llegó a la oficina, se presentó ante el personal de la Unidad de Atención de Víctimas de la Fiscalía y le preguntaron si alguna vez pensó que su expareja la quiso matar.
Recordó cuando la seguía mientras iba a comprar al almacén del barrio, cuando le revisaba el teléfono o cuando se negaba, siquiera, a que fuera a visitar a su mamá.
“La primera vez que tuvimos problemas de violencia, no”, dijo.
Entonces, sus recuerdos se tiñeron de gravedad y lo volvieron a recordar con la guagua llorando en brazos, al lado de la puerta del baño sólo para apurar su salida de la ducha; o cuando él se enfurecía tras haber imaginado que ella podría haber hablado con alguien en la calle.
“La segunda vez, tampoco”, continuó.
Pero también hubo violencia física, gritos, insultos y así su casa se tornó en un ambiente violento, al punto que hasta ella se hizo violenta. Entonces se hundió en una confusión tal, que la hicieron pensar que era ella la culpable.
“Pero la tercera vez, sí. El asunto llegó tan lejos, que ya pensé que me iba a matar”.
Le contó a los funcionarios, en esa sala blanca con vidrios amplios, rodeada de fotocopiadoras, máquinas de agua y pasillos con señaléticas, que al principio era todo diferente. Un hombre cariñoso y resuelto fue con quien se emparejó y quien la convenció de tener familia.
“Pero yo creo que el consumo de marihuana le gatilló problemas de salud mental. Entonces, lo grave del asunto, es que cuando estallaba era algo que no podía controlar. Yo creo que nadie se levanta pensando en matar a su pareja, pero cuando se llenan de esa ira, dejan de pensar y todo se les va de las manos. Que me matara o no, al fin y al cabo, tampoco era algo que él hubiera podido controlar”, admitió.
Entonces, se decidió que la medida cautelar a solicitarle al tribunal sería una orden de alejamiento.
Orden que “igual me sigue dando miedo, porque yo sé que si me encuentra en algún lugar público, se me puede acercar de forma violenta”, comenta Fernanda.
La joven madre sabe que vive en un Ñuble que durante este 2025 ha debido sepultar a cuatro mujeres asesinadas de manera violenta por su parejas.
En un Ñuble que, por lo demás, otras 16 mujeres salvaron de la muerte, no gracias a una suerte de misericordia de último minuto, sino porque diversos factores lo impidieron por accidente.
Se tipificaron esas 16 palizas como femicido frustrado.
“Por eso, cuando veo las noticias y leo estos casos, siempre pienso que yo pude haber sido una de ellas. Es imposible no pensarlo, entonces, me doy cuenta que es una pesadilla que no me va a dejar nunca tranquila. Como que se quedó para siempre conmigo”.
Conversando con LA DISCUSIÓN, gracias a una gestión de su abogada defensora, se enteró que en Chile, el Estado pagó sobre 54 mil millones de pesos para que Gendarmería pudiera disponer de tobilleras telemáticas.
Dispositivos que con el tiempo han ido superando sus problemas de conectividad (ya que funcionan como un celular), que permiten un monitoreo preciso y actualizado sobre la ubicación del usuario (el agresor), que gracias a un pequeño parlante, le advierten que se está acercando al radio de prohibición de acceso, lo que además, les da tiempo para llamar a la víctima y pedirle que se dirija a un lugar seguro, mientras llega Carabineros.
Fernanda supo que la tobillera, en ese propósito, tiene un 100% de efectividad.
“Entonces, no entiendo porqué no la decretaron en mi caso. Claro que me haría sentir más segura… Dormir y salir sin miedo”.
El cuestionamiento es más que válido y se agiganta al saber que la misma empresa que licitó el servicio desde 2021, Track Group, ha advertido en muchos medios periodísticos del país que los jueces casi no las están decretando como medida sustitutiva.
Es más, aclaran que en Ñuble se ha ordenado su instalación apenas en 33 oportunidades. Y este año las fiscalías de la región escucharon relatos de miles de mujeres golpeadas, apuñaladas, quemadas, amenazadas o maltratadas.
Muy atentos a ellos, los funcionarios transformaron ese dolor en 2.710 “carpetas” y las fueron a comparar con las causas a igual fecha del 2024.
Entonces, la pregunta que se hizo Fernanda, como medio se la extendimos a la seremi de la Mujer, al Sernameg, a la Defensoría Penal Pública y a la misma Fiscalía.
No hubo respuestas. O se declararon “ocupados” o derechamente, dijeron que preferían no opinar del tema.
Algo parecido a la costumbre
Cierto, el monitoreo no es una medida cautelar, sino un sustituto del encierro por condena.
Para que se decrete, un juez debe apoyarse en un informe de factibilidad, que es una certificación técnica emanada por alguna entidad auxiliar del Tribunal. En palabras simples, requiere de un proceso burocrático y de capacitaciones para los actores de la Justicia.
Lo extraño es que “por lo menos, cuando yo estuve trabajando en la Fiscalía, no lo vi, nunca se me hizo una capacitación respecto a eso y nunca la vimos como una herramienta rápida para poder ocuparla”, explica la abogada penalista de Chillán, Claudia Espinoza.
Conforme a la abogada, por tratarse de una herramienta orientada a reemplazar la reclusión, “se piensa más como una herramienta para la Defensoría”.
En síntesis, “siento que el Ministerio Público no lo tiene arraigado como una herramienta para cumplimiento de medidas cautelares. No es algo de lo que se hable ni tampoco hay un instructivo que se nos hubiera hecho llegar, mientras estuve allí”.
Al no existir un cauce formal para que fluya la medida, el resultado es más que adivinable.
Conforme a estadísticas del Centro de Reinserción Social de Gendarmería Ñuble, obtenidas por nuestro medio mediante la colaboración de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en la actualidad hay 88 personas en nuestra zona con tobilleras telemáticas. 86 de ellos, son personas condenadas por delitos de robos, abusos sexuales o microtráfico. Sólo los otros dos restantes son por violencia intrafamiliar.
El resto de los condenados o imputados por esta causa -que aumentó un 60% respecto al 2024- quedan con cautelares menores. Para los más graves, se exige el abandono del hogar y la prohibición de acercarse a la víctima, asunto que deben cautelar los siempre sobreexigidos Carabineros.
Creer que lo pueden lograr requiere de una limitación superior a la ingenuidad.
“No tenemos capacidad humana para poder fiscalizarlos. La gran mayoría de los reportes que se les envía al tribunal certifican que no ha habido novedades. Y eso favorece el llamado Ciclo de la Violencia, fenómeno muy estudiado por nuestros profesionales psicólogos”, añade la jurista.
Explicar el Ciclo de Violencia no es simple si se le quiere abordar con seriedad, pero -en renglones hechos para un haikú- se puede decir que es un ciclo dinámico que inicia con actos agresivos cada vez más peligrosos, hasta la generación de una crisis que lleva a una liberación explosiva.
Le sigue una calma (tensa), y se ensaya una reconquista mediante promesas y amagos de cambio, arrancando con el círculo de nuevo, aunque con un grado de intensidad superior.
La terapia, es decir el elemento clave para sacar a la mujer de ese ciclo, “no es algo que se entregue a la víctima por parte de las entidades del Estado”, asegura Claudia Espinoza, y nos recuerda que “la Fiscalía tiene muy pocos recursos, y los pocos que tiene no los puede usar para entregar apoyo psicológico extendido. La unidad de víctimas de delitos violentos puede entregar apoyo psicológico, pero eso es un apoyo ínfimo”.
La penalista se suma a quienes sencillamente no entienden, entonces, porqué no hay más agresores con tobilleras, porque “sabemos que funciona, es más, resulta también un elemento disuasivo, porque así el imputado tiene plena conciencia de que lo están monitoreando, ya no calcula la probabilidad de no ser fiscalizado alguna noche y quebrantar la cautelar o la condena. El de la tobillera, sencillamente, no sale”.
Chocar contra sinsentidos
Si solamente en un tercio de los casos de Violencia Intrafamiliar que se formalizan en los tribunales penales de Ñuble, terminaran con el decreto de prohibición de acercarse a las víctimas, sería necesario que en cerca de 900 domicilios se aplicaran fiscalizaciones policiales de manera periódica. Claramente, no se puede por falta de personal.
Y aunque se instalen las tobilleras en este contexto de la Ley 20.066, “de acuerdo a lo que se me informa en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería, hay ciertas normativas que son complejas de aplicar en nuestra Región”, explica Cristian Montecinos, presidente de la Anfup Ñuble.
El dirigente apunta, por ejemplo, a que la regla de exclusión de un kilómetro de distancia haría imposible que una persona que trabaje en el centro la ocupe, si la víctima vive dentro de las cuatro avenidas.
Y en los sectores rurales, “las víctimas dan una dirección, el victimario da otra, pero nadie en el Tribunal sabe si hay o no un kilómetro de distancia, entonces, al momento de hacer la evaluación técnica, Gendarmería debe rechazarla”.
Si bien la regla de establecer un kilómetro de distancia se aplica para darle tiempo a Carabineros para que llegue a tiempo para evitar una tragedia, “a cada mujer se le entrega un celular, el que debe andar trayendo siempre. Basta con que la persona esté a un par de cuadras para que se le avise dándole el tiempo suficiente para asegurar su casa, solicitar ayuda a vecinos o arrancar del hogar y esconderse. Si se modificara esa normativa de distancia, podría decretarse mucho más seguido”, explica Montecinos.
Gendarmería, la semana pasada, se reunió con la delegada provincial del Punilla, Rocío Hizmeri, considerando que hay un proyecto para aumentar el uso de las tobilleras telemáticas en su capital, San Carlos.
“A la delegada se le explicó cómo funcionaba el sistema, y se le explicó que dadas las limitaciones que plantea la normativa, son muy pocos los informes de factibilidad que han sido favorables. Le pedimos entonces, iniciar las gestiones para que el tribunal autorice su uso a un mínimo de 500 metros de distancia, ya que así, al menos, se le da una oportunidad a la víctima para protegerse”, apuntó Montecinos.
La tobillera telemática envía cada dos minutos, una señal de gerorreferenciación a las centrales de monitoreo. Por lo demás, cualquier golpe, movimiento brusco o intento de ruptura de correa, emite una señal de alarma de manera inmediata.
Pero aquí viene otro sinsentido:
Si un usuario llega a su casa después de la hora de arresto domiciliario, Gendarmería le va informando al tribunal.
Las reiteraciones o los atrasos graves, en el papel, se penalizan aumentando los días de condena. Sin embargo, hay casos de incumplimientos reiterados, conmutable por varios días, por lo que el Juzgado de Garantía cita al infractor a una audiencia.
Sin embargo, “por el colapso que cruzan los tribunales, estas audiencias se atrasan hasta por más de 40 días, entonces los jueces dan el castigo por cumplido”, explican en la entidad celadora.
Ese verde pasto del vecino
La empresa licitada en Chile para el servicio de implementación de la tobillera, es Track Group, entidad que opera en el país desde 2021, en virtud de la Ley 21.378, publicada el 5 de octubre de 2021, que permite monitorear a agresores con medidas de alejamiento en casos de VIF.
Con base en las estadísticas de la particular, en 2024, solo 4.200 personas quedaron bajo monitoreo telemático, pese a una capacidad instalada para 8.000 dispositivos.
Afirman que el sistema presenta una efectividad del 98% en el cumplimiento de medidas cautelares, pero sigue subutilizado por falta de coordinación institucional (El Desconcierto).
En cuanto a costos, una referencia comparativa demuestra que mantener a una persona en prisión cuesta entre $800.000 y $1.500.000 mensuales, mientras que el uso de tobillera cuesta $120.000 mensuales, es decir, un ahorro de hasta 90 % para el Estado.
Por estas ventajas es que en España se aplica como sistema nacional desde 2009, con más de 4.000 dispositivos activos, consiguiendo una reducción sostenida de femicidios, de acuerdo a estadísticas del Ministerio del Interior, de ese país.
En Suecia, la tobillera aplica a condenas inferiores a los seis meses, con 70% de no reincidencia observada en los últimos dos años.
Mientras que en el Reino Unido, aplica el monitoreo en libertad condicional, generando un ahorro estimado de 3 libras por cada libra invertida.
Paul Thornton, vocero de Track Group, dice que “cada minuto cuenta. Con una tobillera, Carabineros puede reaccionar antes de que se concrete la agresión”.
Añade que “es un alivio para las cárceles”, apuntando a penales como el de Chillán, que pese a contar con capacidad para 340 internos, ya hay cerca de 800, repartiendo camas con quienes pagan penas de reclusión nocturna, castigo posible de reemplazar con las tobilleras de monitoreo telemátic
