En una extensa y decisiva sesión, el Senado aprobó los tres capítulos de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, determinando su destitución por notable abandono de deberes, y su inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.
La votación fue interpretada como un mensaje político y ético respecto de la probidad judicial, en medio de las repercusiones del denominado “Caso Audios”.
Uno de los focos de atención estuvo en la votación de la senadora PPD por Ñuble, Loreto Carvajal, quien respaldó los tres capítulos del libelo.
En días previos, Carvajal había sido emplazada por supuestas cercanías con el magistrado, debido a una fotografía difundida en redes y a su vínculo personal con Gabriel Silber, cuya relación con parte del entorno de abogados mencionados en la causa fue comentada públicamente.
Sin embargo, la parlamentaria desestimó cualquier implicancia y resaltó que su decisión se fundó exclusivamente en los antecedentes del caso.
“Ante la circulación de una imagen con dudosa intencionalidad, quiero aclarar que esta corresponde a una actividad pública del 4 de mayo de 2023, con ocasión del aniversario del Estado de Israel, con diversas autoridades legislativas, del Ejecutivo, judiciales y Fuerzas Armadas, en Casa Piedra”, difundió por medio de su cuenta de X tras la sesión.
Fondo del libelo
La acusación sostenía que Ulloa habría traspasado información reservada, intervenido en nombramientos judiciales y no se habría inhabilitado en causas en las que existían vínculos con intervinientes.
Pese a la defensa que alegó que ya había sido sancionado administrativamente, el Senado concluyó que las vulneraciones eran suficientemente graves para justificar su destitución.
La decisión se produce en un escenario en que las investigaciones sobre redes de influencia entre abogados, empresarios y operadores políticos mantienen alta tensión institucional.
Desde distintos sectores, se remarcó que la resolución busca proteger la legitimidad de la justicia y evitar nuevas erosiones en la confianza pública.
Sin embargo, también hubo cuestionamientos hacia la utilización del mecanismo de la acusación constitucional.
El senador por Ñuble de la UDI, Gustavo Sanhueza, quien votó a favor el primer capítulo y se abstuvo en los otros dos; afirmó que la acusación se discutió en un contexto electoral que pudo distorsionar el debate, criticando el actuar de uno de los diputados acusadores.
Sostuvo que debía evaluarse “si existía notable abandono de deberes, y diferenciar responsabilidad administrativa de la constitucional”.
