Tras un par de años realizando los trámites para obtener una visa temporal, un ciudadano británico avecindado en una parcela camino a Coihueco, con su nueva cédula chilena, acudió al Conservador de Bienes Raíces de Chillán para que le entregaran las copias de la inscripción de su predio y así trasladarla al nuevo conservador de la comuna de Coihueco.
Una vez allá, “revisaron mis papeles y miraron la boleta. Me dijeron que el cobro de los 31 mil pesos que me pidieron en Chillán no tenían porqué habérmelos cobrado”, dijo el afectado a La Discusión.
La Discusión se contactó con los conservadores de Coihueco y de Pinto, considerando que es allí donde en los últimos años se han estado realizando cientos de reinscripciones de bienes raíces, hasta entonces conservadas en Chillán, y en ambas oficinas admitieron que se trataba de una práctica que ya habían notado.
La titular de Pinto, Ximena Ulsen, confirma que “por ley los certificados para reinscribir son gratuitos, efectivamente me han consultado por cobros que se le han efectuado a mi entender improcedentes”. Su par de Coihueco, Héctor Carrasco, comenta que “efectivamente, algunos usuarios y abogados han consultado en este oficio por los cobros practicados en el oficio de origen, incluso exhibiendo boletas de honorarios que indican el cobro practicado por copias y certificados para reinscripción”.
También aclara que “conforme la ley 16.250, al crearse un nuevo oficio las actuaciones de los Conservadores están liberados del pago de aranceles, y ello cubre tanto las copias y certificados que tiene que emitir el oficio de origen, como la confección de la nueva inscripción por el oficio creado”.
En el Conservador de Bienes Raíces de Chillán explican que se cobra esos $31 mil pesos solo cuando las personas interesadas los necesitan con urgencia, o bien cuando los solicitan por segunda vez, pero que sin embargo, también se pueden extender de manera gratuita, pero tras cerca de un mes de espera.
Pese a lo anterior, el conservador de Coihueco aclara que la espera o la demora tampoco son argumentos para establecer un cobro.
“El artículo 95, establece que no puede el Conservador recibir cosa alguna sobre sus derechos, a título de escritura, pronto despacho, ni bajo cualquier otro título, pretexto o motivo. En otras palabras, lo que se persigue es que no haya un aprovechamiento de las urgencias de las personas”.
“Pueden exigir devolución”
Consultado por esta situación, el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, magistrado Guillermo Arcos, aclara que hasta el momento aún no han recibido denuncias de particulares que les hayan hecho este tipo de cobros.
“Cuando se trata del traslado de una inscripción, porque se dividió un Conservador de Bienes Raíces, la ley dice que este traslado es gratuito, no tiene ningún costo para la persona propietaria, ya que no es por causa de las personas que el conservador se haya dividido, sino que este cambio se realiza por disposición gubernamental. Aquí, el conservador de Chillán se dividió en tres, abriéndose uno en Coihueco y el otro en Pinto, entonces no hay cobro alguno”.
El ministro advierte que incluso “hemos sido majaderos en ese punto, con los ministros que visitamos a los conservadores, reiterándoles estas instrucciones, pero en las visitas es imposible advertir este tipo de situaciones”.
El presidente de la Corte, de todas maneras, dice que las personas que han sido objeto de un cobro por solicitar el traslado de sus inscripciones tienen total derecho de ir a presentar las denuncias. “Esas personas pueden venir a la corte, hacer las denuncias para que le pidamos un informe al conservador y si detectamos que este ha cobrado, se le entregan los antecedentes al fiscal judicial para que de inmediato le instruya un sumario”.
Respecto a quienes ya pagaron, (lo que incluso podría ser constitutivo del delito de Exacción Ilegal) el magistrado afirma que “tienen derecho a hacer la denuncia y a que les devuelvan el dinero, de inmediato”.
La situación general no ha sido posible de medir ya que, como explican en Coihueco, muchas personas que realizan este tipo de traslados son del sector rural, algunos con la real prisa de resolver situaciones legales respecto a sus predios, y ni siquiera se cuestionan si los cobros que les aplicaron están o no dentro de un marco legal.
Estos trámites han sido cientos desde que se abrieron los conservadores de Coihueco y Pinto en el mes de noviembre del año 2022.
Curiosamente, una vez que en la oficina local un amigo del ciudadano británico fue a preguntar porqué le habían cobrado esa tarifa, se les explicó que la funcionaria que lo había atendido cometió un error, que ella ya no trabajaba más en la oficina y se ofrecieron a devolverle el dinero.
