Durante octubre, los titulares de tres proyectos de extracción de áridos ingresaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Ñuble las respectivas consultas de pertinencia para no someter dichas iniciativas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), amparándose en lo que establece la Ley.
El 7 de octubre, Heriberto Abarca Beltrand, en representación de José Sandoval Fuentealba, presentó la consulta para extraer 99.000 m³ de áridos desde un pozo lastrero en un predio particular, en el sector Huape, comuna de Chillán.
También el 7 de octubre, Daniel Mendoza Mercado, de Explora SpA, presentó la consulta de pertinencia por el “Proyecto extracción de áridos Sausalito”, para extraer 98.370 m³ desde un pozo lastrero en el sector Pangal del Laja, en la ribera norte del río Laja, en la comuna de Yungay.
En tanto, el 28 de octubre, la empresa Barrera Hermanos y Cia. Ltda. presentó la consulta para extraer 46.984 m³ de áridos desde el cauce del río Ñuble, en el sector Huape, comuna de Chillán.
De acuerdo al Reglamento del SEIA, no califican para ingresar obligatoriamente al SEIA los proyectos de extracción en pozos y canteras que no superen los 100.000 m³, así como las extracciones en un cauce o curso de agua que no superen los 50.000 m³.
Ello explica que, durante el presente año, solo un proyecto de extracción de áridos se presentó a evaluación ambiental – por 2.146.566 m³, en Huechupín, comuna de Chillán-, mientras que, en igual periodo, se ingresaron 18 consultas de pertinencia, tanto en pozos lastreros como en cauces -en San Nicolás, San Ignacio, El Carmen, Pemuco, Yungay, Chillán, Quillón y Bulnes-, por volúmenes levemente inferiores al límite legal para evitar el SEIA.
En varios casos se repite el nombre de los titulares y también se puede observar que corresponde a localizaciones muy cercanas entre sí, lo que sugeriría que algunos proyectos se estarían fragmentando para eludir el ingreso al SEIA.
Impactos
Estos proyectos, que responden a la demanda regional de áridos para obras públicas y privadas, también tienen impactos en el medio ambiente y en la calidad de vida de las comunidades ribereñas, razón por la que su ejecución trae consigo la resistencia de los afectados.
Precisamente, en el río Diguillín existe una controversia por la aprobación ambiental, en agosto pasado, de un proyecto de extracción de áridos, que no habría considerado el impacto combinado junto a otras dos faenas de extracción en una longitud de un kilómetro que no se sometieron a evaluación ambiental.
Por ello, la Junta de Vigilancia del Río Diguillín junto a los vecinos del sector Santa Juana, de San Ignacio, presentaron denuncias ante los organismos respectivos, ya que las faenas, además de afectar la captación de agua para riego, también tienen impactos en el medio ambiente, en la calidad de vida de los vecinos y en la exposición de las riberas frente a las crecidas.
Mejorar regulación
El hidrólogo Dr. José Luis Arumí, del Departamento de Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción, afirmó que “hace más de 35 años que vengo escuchando sobre este problema, donde las instituciones, como los municipios y la DOH, se van desentendiendo del tema y lo que ocurre es que los proyectos de extracción se dividen en proyectos distintos para no someterse a evaluación en el SEA”.
“Pero es un tema mucho más complejo -añadió el académico-, porque hay zonas del cauce de los ríos que requieren un abordaje distinto, entonces, aquí un tema de sectorización de los ríos y la puesta en valor de algunos elementos que son valiosos desde el punto de vista medioambiental”, donde destacó la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente respecto a definir zonas de protección denominadas “sitios prioritarios”.
En ese contexto, comentó que existe cada vez mayor interés de las comunidades por involucrarse en la protección de los ríos, a través de ONG que sostienen el movimiento de los derechos de los ríos.
El Dr. Arumí planteó que se debe mejorar la regulación ambiental de este tipo de proyectos, sin embargo, desestimó que todos los proyectos deban someterse al SEIA. “Creo que hay que generar una especie de transición, porque existe también la extracción artesanal y no tiene sentido pedirle a esa persona que saca una camionada de piedras que presente una declaración de impacto ambiental. Hay que mejorar la regulación y hay que zonificar de acuerdo con la dinámica del río, que es algo que la DOH ha intentado hacer, para establecer zonas donde puedan operar las extracciones artesanales, por ejemplo, y zonas donde puede haber extracciones industrializadas, que sí requieren un permiso ambiental y todos los permisos correspondientes”.
El académico UdeC hizo hincapié en que “se necesita una sectorización y un manejo de la información a lo largo del río considerando los temas de ecosistema, de infraestructura, de riesgo de inundación, la necesidad del turismo, por ejemplo, entre otros temas, porque tú no puedes hacer una extracción de áridos en un lugar que vaya a afectar a un puente o a una bocatoma de un canal de riego, lo que hoy no se está cumpliendo”.
Futura ley
Esta semana, la respectiva comisión mixta despachó el proyecto de ley que regula la extracción de áridos, por lo que sólo resta que ambas salas, del Senado y la Cámara de Diputados, sancionen lo aprobado, pudiendo así convertirse en ley.
Según el MOP, se busca establecer un marco regulatorio para la extracción en cauces naturales y su zona anexa, con un procedimiento estándar, un registro público de extracciones, reglas de prevención, normas de trazabilidad y de fiscalización, junto con sanciones ante extracciones ilegales.
