Una mujer de voz gastada se asoma por una ventana y dice que ella paga arriendo por la casa que ocupa. Segundos después, un hombre sale al antejardín y agarra un palo de escoba antes de preguntar quiénes somos y qué queríamos.
Solo un par de minutos después, la versión cambia. “Nosotros estamos acá a la mala, lo sabemos y no pagamos arriendo, pero no tenemos dónde irnos ni tenemos trabajo, así que si la señora nos quiere echar, va a tener que pedirle a los tribunales que nos saquen, si no, no nos vamos ni cagando”, dice la misma mujer.
La vivienda, ubicada en el pasaje El Esfuerzo, de la villa Renacer, en Coihueco, pertenece a Jacqueline Siegler, quien la obtuvo en 2012 gracias un programa de soluciones habitacionales que entregó el Serviu.
La entidad pública permite que esas casas sean vendidas o puestas en arriendo transcurridos cinco años desde su entrega, y “lo que yo hice fue ponerla en arriendo cuando mis hijos se fueron a la universidad, en Concepción”, explica la afectada.
Fue en 2023 cuando una de sus vecinas, quien tenía las llaves y la autorización para mostrar la vivienda a los interesados, le avisa que un matrimonio joven estaba interesado en arrendar.
“Hablé con la niña (la supuesta arrendataria), se escuchaba todo bien, ella y su marido tenían contratos de trabajo y mi vecina me dijo que se veían bastante bien”, añade.
Sin embargo, pagaron solo los dos primeros meses y luego nada. Ante los llamados sin contestar, Jacqueline fue a la casa y se encontró con que los ocupantes eran otras personas y no el matrimonio con que llegó al acuerdo. “Salió un hombre y me dijo que la casa ahora era de él y me sacó a empujones y garabatos”, detalla.
Desde entonces, para ella ha sido imposible recuperar la vivienda. “Mi error fue que no hice altiro el contrato con el primer matrimonio, y haberlos dejado usar la casa antes que yo volviera a Coihueco”, admite.
La propietaria acudió a un abogado, quien luego de unos meses de tramitación le comenta que el Juzgado Civil archivó la causa “y nunca entendí porqué”, explica.
Intentó mediante Fiscalía, pero “me dijeron que ellos no veían ese tipo de causas, que tenía que hacerlo por la justicia civil; luego fui a Carabineros y me dijeron que sin orden judicial, ellos no podían hacer nada”.
La pareja que hoy usa la casa dice conocer al detalle la ley, porque “mi mamá primero vio esta casa y nos dio el dato. Ella ya se había tomado como siete casas, entonces conoce bien el tema, sabemos que ella (la propietaria) no puede hacer nada y si quiere irse a tribunales se va a tener que dar las medias vueltas y la van a tramitar pa’ arriba y pa’ bajo. Por mientras, de acá no nos sacan”, revelan.
En su defensa agregan que “la vieja tiene cualquier plata, es dueña de varias hectáreas y eso le pasa por arrendar sin contrato”.
La aludida desmiente el supuesto patrimonio y aclara: “no tengo ingresos, para ganar algo de plata vendo cosas por Internet”.
Jacqueline Siegler, al menos, cuenta con la documentación necesaria que demuestra que fue la beneficiaria de la vivienda que le asignó el Serviu y espera demostrar que las personas que hoy la ocupan no están ahí en calidad de arrendatarios, sino de usurpadores.
