Señor Director:
El artículo 24 de la Constitución es claro, el presidente de la República es jefe de gobierno y jefe del Estado, y tiene el deber de conservar el orden público, garantizar la seguridad interna y proteger los derechos de las personas. Es una obligación que da sentido al Estado.
Sin embargo, Chile vive hoy una realidad que contradice ese mandato. Las leyes se infringen impunemente, la propiedad es vulnerada, la delincuencia domina barrios enteros, las fronteras están abiertas al crimen y el narcotráfico y el terrorismo se expanden sin control. En los hechos, la autoridad ha renunciado a ejercer su deber constitucional más básico: asegurar la paz y la seguridad de sus ciudadanos.
El narcotráfico no es ya un problema policial, sino una amenaza a la soberanía nacional. Chile pasó de ser un país de tránsito a uno de consumo, con alarmantes índices de uso de cocaína y drogas sintéticas. Las rutas que alimentan este mercado provienen, en buena medida, de redes que operan desde países cuyos gobiernos toleran o protegen el crimen organizado. Frente a eso, el silencio y la inacción del poder político resultan inaceptables.
El presidente jura o promete al asumir su cargo “guardar la Constitución y las leyes”. Si no cumple ese juramento, si no garantiza los derechos del artículo 19 ni hace respetar el orden interior, entonces el Estado deja de cumplir su razón de ser. Porque sin autoridad, no hay ley; sin ley, no hay justicia; y sin justicia, no hay República.
Jorge Porter Taschkewitz
