La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada las modificaciones del Senado al proyecto que busca agilizar la construcción y ampliación de centros penitenciarios, dejando la iniciativa lista para convertirse en ley.
La normativa permitirá reducir plazos y eliminar trámites administrativos, con el objetivo de aumentar la capacidad del sistema carcelario, mejorar las condiciones de habitabilidad y reforzar la seguridad tanto de internos como de personal de Gendarmería.
La nueva ley podría ser una herramienta clave para materializar la promesa de sacar la cárcel del centro de Chillán, un recinto obsoleto y sobrepoblado, con altos riesgos sanitarios y de seguridad para funcionarios y reos; y construir un nuevo penal en la periferia. Sin embargo, por sí sola no destrabará el principal obstáculo que enfrenta este desafío: la falta de voluntad.
Múltiples anuncios de traslado nunca se han concretado mientras el debate sobre la ubicación del nuevo penal de Chillán se ha prolongado durante décadas.
Un ejemplo reciente de la controversia lo dio la propuesta de ubicar el nuevo recinto en el predio de Fundo Quilmo, rechazada por concejales y el alcalde de Chillán.
Se puede argumentar que esta deuda pendiente con la ciudad de Chillán y con la región de Ñuble responde a un problema de financiamiento o que no ha habido acuerdo respecto del futuro emplazamiento, pero finalmente todo se resume a un denominador común: la falta de voluntad política de parte de las autoridades en un marco de excesivo centralismo nacional.
El penal de Chillán, construido en 1943, hoy alberga a más de 800 internos, lo que representa una sobrepoblación de 370% según la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) de Ñuble, aunque según el gobierno, es de 192%. Es un espacio que ha envejecido mal, sin modernización estructural significativa desde hace décadas, y que opera bajo condiciones de sobrepoblación y precariedad que ya no resisten análisis técnico ni ético. Su ubicación, en pleno centro de la capital regional, potencia la inseguridad. Desde las veredas colindantes se lanzan drogas, teléfonos y armas.
El problema, sin embargo, no se limita al deterioro físico del recinto y al atraso tecnológico en dispositivos de seguridad. Es estructural. El hacinamiento, la falta de personal, la precariedad de servicios, y ahora la irrupción de bandas organizadas, muchas con conexiones externas, han convertido al penal en una escuela del delito y en un terreno fértil para la violencia. A esto se suma la llegada de internos extranjeros que, como han advertido los funcionarios de Gendarmería, han traído consigo nuevas lógicas de operación criminal, complejizando aún más el panorama.
Durante 15 años se ha anunciado la construcción de un nuevo penal regional. Han pasado intendentes, delegados, gobernadores, ministros y presidentes. Han pasado también las movilizaciones de alcaldes y vecinos que se niegan a albergar una cárcel en sus comunas. Y mientras tanto, el penal sigue ahí: al límite, sin condiciones, sin respuestas.
Hoy estamos en el mismo escenario que hemos presenciado por dos décadas ante un tema para el cual parece no haber respuesta y donde sigue ausente la decisión firme de encarar la cuestión carcelaria mediante una política de Estado que la aborde en todos sus complejos aspectos.
