Con gran parte de las partidas presupuestarias rechazadas, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos concluyó el pasado miércoles el análisis del Erario 2026, en medio de uno de los debates más tensos de los últimos años.
Parlamentarios oficialistas y de oposición protagonizaron un duro intercambio tras no lograr acuerdos sobre las cifras del gasto público, abriendo paso a una discusión que continuará en ambas salas del Congreso a partir del 17 de noviembre.
El debate se concentró en la falta de consenso respecto de los ingresos proyectados, la reasignación de programas sociales y el alza de la deuda pública.
En la región de Ñuble, los legisladores Gustavo Sanhueza, Frank Sauerbaum, Cristóbal Martínez y Sara Concha coincidieron en que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric “no transparentó las cifras ni mostró voluntad de negociación”, lo que terminó tensionando la discusión en la instancia.
Todos apuntan al ministro Grau
El senador Gustavo Sanhueza (UDI) calificó el resultado como “un hecho inédito en tres décadas”, responsabilizando directamente al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por la falta de conducción política.
“El ministro recién asumido no tuvo la experiencia ni el tino para iniciar las conversaciones que se requieren en esta etapa del presupuesto. Nosotros queremos un presupuesto austero, pero también realista y transparente”, señaló el parlamentario ñublensino.
A su juicio, hubo omisiones graves en la presentación de las cifras ministeriales, especialmente en el cálculo de remuneraciones, reajustes y ejecución de programas.
“No se aplicaron los parámetros comparables al 2026, por lo tanto, nadie sabe exactamente cuántos recursos se están reasignando. Esperamos que el Ejecutivo abra una mesa de diálogo seria para reponer glosas esenciales, como la de libre disposición, que ha sido tradición en todos los gobiernos”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN) advirtió que el rechazo generalizado refleja “un error estructural del proyecto”. Aseguró que su bancada pedirá revisar las proyecciones de ingresos fiscales y la eliminación de once programas sociales en el Ministerio de Desarrollo Social.
“Tenemos serias dudas sobre los ajustes que propone el Gobierno y sobre los supuestos de recaudación. Se están terminando programas bien evaluados y dejando otros con bajo rendimiento. Eso no tiene sentido”, declaró.
En la misma línea, el diputado Cristóbal Martínez (UDI) sostuvo que el Presupuesto 2026 “no se hace cargo de la realidad económica y laboral del país” y que sus cifras “no son financieramente responsables”. El parlamentario adelantó que insistirá en reponer recursos para programas sociales eliminados y reducir gastos en áreas “que no son prioritarias ni relevantes”.
Desde el Partido Social Cristiano, la diputada Sara Concha advirtió que el escenario “es preocupante” y que el déficit podría afectar gravemente al próximo gobierno.
“Este Ejecutivo se ha gastado todo y nos va a dejar endeudados. Si no se reponen las glosas sociales, el país enfrentará recortes que impactarán a adultos mayores, mujeres y niños. La consecuencia será un presupuesto escueto, que hipoteca la gestión futura”, recalcó.
Mientras el oficialismo atribuye el quiebre a “una estrategia política de la derecha”, en la oposición aseguran que el rechazo busca forzar un presupuesto más prudente y con foco social. Pese al tono crítico, los parlamentarios de Ñuble coincidieron en que aún existe espacio para negociar con el Ejecutivo antes del paso del proyecto por las salas.
El ministro Grau, en tanto, declaró su disposición a dialogar. “Estamos disponibles para llegar a un acuerdo. Tenemos varios días para lograr un consenso que le dé estabilidad al país”, sostuvo.
El Presupuesto 2026 se votará en la Cámara de Diputadas y Diputados entre el 17 y el 19 de noviembre, y en el Senado entre el 21 y el 25. Si persisten las diferencias, la discusión podría concluir en una nueva comisión mixta hacia fines de mes.
