La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el martes pasado las modificaciones del Senado al proyecto que busca agilizar la construcción y ampliación de centros penitenciarios, dejando la iniciativa lista para convertirse en ley de la República.
La normativa permitirá reducir plazos y eliminar trámites administrativos, con el objetivo de aumentar la capacidad del sistema carcelario, mejorar las condiciones de habitabilidad y reforzar la seguridad tanto de internos como de personal de Gendarmería.
Entre las principales enmiendas aprobadas destaca que si el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no emite un informe sobre un proyecto penitenciario dentro de 30 días hábiles, este se considerará aprobado automáticamente. Además, se mantuvo la exención del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para obras de ampliación o reparación y se redujeron a la mitad los plazos para la construcción de nuevos recintos. Los procesos de participación ciudadana se limitarán a personas o agrupaciones con interés directo e inmediato en la obra, es decir, residentes de la comuna o colindantes.
Todos los permisos, autorizaciones y pronunciamientos sectoriales deberán resolverse en tiempos reducidos, aplicándose el principio de silencio administrativo. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar trimestralmente a las comisiones de Constitución de ambas cámaras sobre el avance y ejecución de las obras realizadas bajo este régimen especial.
Un caso emblemático: la cárcel de Chillán
El debate en la Sala de la Cámara incluyó a decenas de parlamentarios y parlamentarias, quienes coincidieron en la necesidad de aumentar los centros penitenciarios y mejorar la infraestructura existente. La mayoría destacó que los nuevos recintos deberían ubicarse preferentemente en la periferia de las ciudades, con el fin de reducir el impacto urbano y facilitar su gestión, así como agilizar los trámites para responder al déficit de plazas y al hacinamiento que afecta al sistema penitenciario nacional.
En este contexto, la situación de la cárcel de Chillán se convirtió en uno de los focos centrales de la discusión.
La diputada Marta Bravo (UDI) sostuvo que la sobrepoblación de los penales es una amenaza directa a la seguridad de la comunidad. “Nuestra gente exige respuestas concretas y no solo discursos. Construir y mejorar cárceles es una necesidad imperiosa”, dijo.
Bravo destacó que el penal de Chillán tiene una sobrepoblación que alcanza el 140%, situación que ha convertido a la cárcel en un “caldo de cultivo para el crimen organizado”, dificultando la rehabilitación de los internos y aumentando los riesgos de motines y violencia.
Por su parte, la diputada Sara Concha (PSC) recalcó la urgencia de trasladar el recinto fuera del centro urbano. “El penal de Chillán supera los 900 internos. Su hacinamiento pone en riesgo la seguridad y la reinserción”, comentó.
Expresó que la nueva ley podría ser una herramienta clave para acelerar la construcción del nuevo penal, aunque advirtió que la iniciativa por sí sola no garantiza que el problema de ubicación quede resuelto.
“El proyecto permite actuar con eficiencia y eliminar tramitología innecesaria, pero aún falta una decisión política firme sobre el emplazamiento definitivo”, afirmó.
Voluntad política
El debate sobre la ubicación del nuevo penal de Chillán se ha prolongado durante décadas. Múltiples anuncios de traslado nunca se han concretado, y la solución más consensuada sigue siendo construir la cárcel en un sector de menor densidad urbana. La infraestructura actual se encuentra obsoleta y sobrepoblada, lo que aumenta los riesgos sanitarios y de seguridad, mientras que los chillanejos se han acostumbrado a escuchar promesas sin ver avances concretos.
Un ejemplo reciente de la controversia lo dio la propuesta de ubicar el nuevo recinto en el predio de Fundo Quilmo, rechazada por concejales y el alcalde de Chillán, Camilo Benavente. El municipio y vecinos han argumentado que la zona se está urbanizando rápidamente y que existen otros terrenos más adecuados para la construcción.
Con la nueva ley, el Estado busca reducir los tiempos de ejecución y los costos asociados a la construcción de recintos penitenciarios, pero la pregunta persiste: ¿Podrá esta normativa lograr lo imposible y erradicar definitivamente el centro penitenciario de Chillán de su actual ubicación?
