El martirio que ya varios vecinos han descrito, tanto a La Discusión como a algunas autoridades locales, respecto a los riesgos y daños que significa el que al barrio hayan llegado personas a usurpar viviendas, sigue siendo un grito sordo y sin generar mayores reacciones en cuanto a planificación de seguridad.
Pese a esto, la Policía de Investigaciones de Chillán volvió en este mes a realizar un allanamiento a una casa tomada por personas ajenas al inmueble, encontrando armas, documentos de identidad (pasaportes) y especies provenientes de robos.
Mientras que en el primer hecho se generó un homicidio frustrado con arma blanca, en la Avenida Argentina (15 de octubre), dejando a una mujer herida de gravedad y a otra en prisión preventiva, en esta ocasión el operativo se concretó en la población Purén, en la capital regional.
El jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Chillán, subprefecto Jaime Rubilar, detalló que se detuvo a “dos imputados, de 32 y 27 años, de nacionalidad chilena, quienes valiéndose de su situación de calle, usurpaban del inmueble, lugar en el que se encontró una gran variedad de especies acopiadas producto de otros delitos, entre ellas billetera y pasaportes calcinados, discos duros de computador, llaves de vehículos, cuchillos, elementos punzantes, ropa y equipamiento para la nieve, además de cartuchos de escopeta, entre otros”.
La documentación encontrada se encontraba quemada, presumiblemente porque los imputados querían deshacerse de evidencia.
Los dos detenidos cuentan con antecedentes como homicidio frustrado, robo con intimidación, robo en lugar habitado, asunto que podría definir una medida cautelar de prisión preventiva una vez que la Fiscalía realice la formalización.
Un tema que se va naturalizando
Pedro Lagos, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán, dice estar consciente de cada uno de los hechos que se han publicado en los medios por casos “okupa”, y hace una separación: “el fenómeno ha existido siempre, pero como partió con jóvenes anarquistas que simplemente no querían pagar un arriendo, nadie hizo problemas porque, después de todo, eran tranquilos. La cosa ahora cambió, y las casas se la tomaron los delincuentes y eso es un peligro”.
Sobre los allanamientos, dice que “ya no es primera, ni segunda ni tercera vez, pero la gente sigue sin denunciar, porque por un lado saben que es muy difícil poder sacarlos de una casa, a menos que los dueños hagan la denuncia; y por otro lado, vemos que de alguna manera el tema ya se naturalizó. Tal vez por lo mismo no vemos muchas reacciones por parte de las autoridades”.
Estimaciones realizadas por los corredores de propiedades de la comuna -al menos en el radio urbano- existen cerca de 100 viviendas deshabitadas. Algunas en arriendo o a la venta, otras son propiedad de alguna aseguradora, otras están en muy malas condiciones y otras, sencillamente, en abandono.
De esta manera, la única forma de poder retirar a los ocupantes de esas casas es constatar la existencia de algún foco de insalubridad y que las autoridades de la Salud Pública ordenen un desalojo mediante la Fuerza Pública.
Pero eso no se está realizando. De hecho no se cuenta en la comuna squiera con un catastro.
