Para este lunes 27 de octubre, en el Juzgado de Garantía de Bulnes, se realizará la audiencia de preparación de Juicio Oral en contra de los 13 acusados por hechos de cohecho, estafas reiteradas, soborno, falsificación de instrumento público, fraude al fisco y violación de secreto dentro del contexto del llamado “Caso Cuentas Corrientes”, en el que se persigue principalmente a funcionarios municipales y otros profesionales de Ñuble.
Luego que estallara el caso, en 2022, ocasión en que la Fiscalía Regional de Ñuble ordenara las detenciones del empresario Rodrigo Carmona; la de su asistente, Rodrigo Sandoval; la de los alcaldes de San Ignacio, César Figueroa, y de Ñiquén, Manuel Pino; junto a otros funcionarios de estos consistorios, finalmente la Fiscalía Nacional le entregó la causa a la Fiscalía Regional de Los Lagos, para que ampliara las indagatorias dentro del plano nacional.
La causa apunta a la consecución, por parte de Rodrigo Carmona, de la adjudicación de diversas licitaciones municipales para realizar consultorías, balances contables y manejar las cuentas corrientes de cada municipio llamando a concurso público a la banca, a través de su empresa Gestión Global SpA.
La tesis fiscal apunta a que, para lograrlo, se sobornó a alcaldes, funcionarios y se realizaron concursos “a la medida” con la participación simulada de otras empresas competidoras, que no eran sino empresas fantasma creadas por Carmona y la arquitecto chillaneja, Paula Contesse.
Las comunas que fueron parte de la acusación final de la Fiscalía son: San Ignacio, Ñiquén, Portezuelo, Bulnes e Hijuelas (Región de Valparaíso), las que en conjunto suman 10 hechos constitutivos de la acusación fiscal.
Quiénes son los 13 acusados
1) El principal acusado en esta investigación judicial es el empresario y exfuncionario de diversas municipalidades de Ñuble, Rodrigo Carmona, de profesión ingeniero comercial, quien hasta el día de su formalización, era dueño de un patrimonio que consta de decenas de inmuebles en diferentes ciudades de Chile y de varios automóviles, algunos de alta gama.
Su idea de generar una empresa consultora para hacer peritajes contables dentro de las municipalidades y así llamar a la banca a concurso para el manejo de sus cuentas corrientes, es un negocio totalmente lícito y de gran provecho para los consistorios, ya que antes de esta idea sólo trabajaban con BancoEstado, sin que esos contratos les reportaran mayores beneficios.
Las imputaciones en su contra, por lo tanto, no se relacionan con ese modelo de negocio, sino con el haber sobornado a quienes tomaban las decisiones en cada municipalidad, respecto a las empresas que se adjudicaban los concursos licitados.
Se le acusa de estafas reiteradas y sobornos reiterados, por lo que se pide un total de 22 años de cárcel, inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos, más multas por cerca de $33 millones.
2) La arquitecto Paula Milanesse. Se la acusa de estafas reiteradas, ya que era quien creaba empresas fantasma para simular competencias en los llamados a licitación. Se descubrió que, incluso, enviaba los antecedentes desde el mismo computador que se usaba por parte de la empresa Gestión Global SpA:
Participó en las licitaciones de Quillón, Parral, Bulnes, Valparaíso, Palmilla, Traiguén, Til Til, Lautaro, Ercilla, Padre Las Casas, Independencia, San Ramón, Renaico, Río Bueno, Cobquecura y San Vicente de Tagua Tagua.
Se pide en su contra 5 años y un día de presidio, multas de 30 UTM e inhabilidad perpetua para cargos u oficios públicos.
Es una de las seis personas a quienes la Fiscalía les está ofreciendo un juicio abreviado, en el que tendría que admitir responsabilidad en los hechos que se le imputan a cambio de una rebaja de pena. Si acepta o no las condiciones que le ofrece el Ministerio Público es algo que se debe resolver en esta audiencia de preparación.
3) Rodrigo Sandoval. El exconcejal de Chillán y otrora director del Injuv Biobío enfrenta una situación diferente al resto de los acusados.La Fiscalía comenzó a investigarlo en calidad de “emisario” o mano derecha de Carmona en la consecución de entrevistas con los alcaldes a sobornar, situación que no fue acreditada en la indagatoria fiscal.
Sin embargo, esa misma investigación lo sitúa en Ñiquén cometiendo soborno (según tesis de la Fiscalía) para un proyecto personal y ajeno a la empresa de Carmona, es decir, no tendría relación con el caso propiamente tal. Pese a esto, se le investiga en la misma causa.
Arriesga 5 años de cárcel e inhabilitación por 10 años para trabajar en el servicio público.
Al igual que con Milanesse, buscaría resolver su situación en un juicio abreviado.
Municipalidad de San Ignacio
4) César Figueroa. Al exalcalde de San Ignacio, quien cumplió cautelares de prisión preventiva, se le acusa de dos delitos de cohecho, que incluye la aceptación de dinero en efectivo. Se piden 12 años de cárcel, multas cercanas a los $40 millones e inhabilidad absoluta y perpetua para ejercer cargos u oficios públicos. Al igual que Carmona, deberá resolver su situación procesal en un juicio oral.
5) Edgardo Suazo, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de San Ignacio (cargo de confianza de Figueroa). Se le acusa de cohecho, puntualmente de haber solicitado telefónicamente los pagos a Carmona y haberlos recibido en lugares como el estacionamiento del Supermercado Jumbo o el estacionamiento subterráneo del Paseo Arauco de Chillán.
La Fiscalía pide en su contra 10 años y un día de cárcel, inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos y multas cercanas a los $30 millones.
6) Krysler Monroy, exdirector de Salud de la Municipalidad de San Ignacio. Se le acusa de cohecho y como fundamento fiscal se le sitúa realizando gestiones entre Figueroa y Carmona. Arriesga cuatro años y un día, inhabilitación para cargos u oficios públicos más multa de $10 millones. Será uno de los que recibirá la opción de resolver su situación en un juicio abreviado.
7) Axel Quezada. Dueño y representante de una productora de eventos. Enfrenta cargos por soborno, relacionado con un evento de verano realizado en 2023. Se piden tres años de reclusión, inhabilitación temporal para cargos u oficios públicos, multas de $5 millones. También puede optar por un juicio abreviado.
Municipalidad de Ñiquén
8) Al exalcalde Manuel Pino, quien cumplió cautelares de prisión preventiva, se le acusa de cohecho y fraude al fisco, por lo que solicitan penas en su contra que totalizan 9 años de cárcel, inhabilitación perpetua para trabajar en el servicio público y multa de $6 millones. No tiene oferta de juicio abreviado.
9) Carlos Fernández, exjefe del Daem de Ñiquén. Enfrenta cargos reiterados de cohecho y violación de secreto, por lo que la Fiscalía pide una pena de diez años, inhabilidad perpetua para el servicio público y multas por $28 millones.
Municipalidad de Bulnes
10) El exalcalde de Bulnes, Guillermo Yeber, fue uno de los últimos en ser formalizados en esta causa, quedando en prisión preventiva tras esa audiencia en la que se le imputaron hechos de cohecho y fraude al fisco.
El Ministerio Público pide una pena de 11 años de cárcel, inhabilitación absoluta en el servicio público y multas por $16 millones.
11) Salvador Lavagnino fue, hasta el día de su formalización por cohecho, el administrador municipal de Bulnes. La investigación lo sitúa recibiendo dinero por parte de Carmona para subir las bases creadas por el empresario, para asegurar la adjudicación de la licitación.
Piden una pena de 7 años de cárcel, inhabilitación perpetua en el servicio público y multa de $7 millones. Podría resolver su situación en un juicio abreviado.
Municipalidad de Portezuelo
12) Juan Pablo Santos Riquelme. exjefe de la Unidad de Control de la Municipalidad de Portezuelo. Se le acusa por el delito de violación de secreto, ya que la Fiscalía asegura que le entregó información confidencial a Rodrigo Carmona con las bases de la licitación de manera anticipada, y así asegurar que presentara una oferta a la medida de la demanda.
En su contra se pide un año de suspensión de sus funciones y una multa de 6 UTM.
Municipalidad de Hijuelas
Finalmente, el único funcionario ajeno a Ñuble involucrado en la acusación es el director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Hijuelas, Rodrigo Sepúlveda, por el delito de cohecho.
Se piden en su contra siete años de cárcel, multa de $8 millones y las mismas penas accesorias que a los otros acusados.
Cómo comenzó la causa
La causa Cuentas Corrientes se comenzó a investigar de oficio, luego que por sagacidad de los funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Chillán, en noviembre de 2022, cuando aún se efectuaban escuchas telefónicas por la causa conocida como “Caso Led” (con 11 acusados por hechos de corrupción, tres de ellos de Chillán), detectaron conversaciones “de interés” entre Víctor Amado, la mano derecha del dueño de la empresa imputada (Itelecom) y Rodrigo Carmona, hablando -precisamente-sobre el caso Led.
Hechas las gestiones judiciales para realizar interceptaciones telefónicas a Carmona y varios de sus socios (empresarios, funcionarios y abogados de Chillán), reparan en cómo operaba para detectar en qué municipios existían flancos potencialmente corruptibles para ofrecer los sobornos que le garantizaran el ingreso de Gestión Global SpA.
Si bien la mayoría de los contratos los logró fuera de Ñuble, el que pudiese ser conocido como “caso cero” de la investigación penal fue el de la Municipalidad de San Ignacio.
Conforme al historial de solicitudes y escritos de la causa en la página virtual del Poder Judicial, el 12 de diciembre de 2022, Carmona mantuvo una llamada telefónica con Edgardo Suazo, “que evidencia la ilicitud de sus actuaciones y la solicitud que le formula Suazo a Rodrigo Carmona, sobre cuándo le pagará lo acordado”.
Posteriormente, en el texto se lee que “Edgardo Suazo Jiménez le resalta que él llegó a la mitad del proceso, y le consulta por la posibilidad de zanjar eso antes. Con esto, entendemos que se refiere a la posibilidad que se les pague con anticipación, situación que como ya explicamos se encuentra claramente establecida en el contrato, por lo que no es necesaria”.
Cerca de cuatro meses después, el 17 de abril de 2023, la PDI detuvo a Rodrigo Carmona, Rodrigo Sandoval, a los alcaldes de Ñiquén y San Ignacio y a otros funcionarios de ambas municipalidades, formalizándolos por cohecho, fraude al fisco, soborno y violación de secreto.
Belén Acuña, abogada de Carmona, dijo a La Discusión que “la audiencia será bastante extensa por la cantidad de hechos. Habrá varias discusiones y estamos preparados para enfrentar el juicio oral que podría extenderse por un par de meses”.
