A casi seis años de que ocurriera, el Ministerio Público presentó un informe estadístico sobre el estallido social, periodo en el que se registraron 35.146 delitos, en los cuales hubo 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas).
Del total de delitos, aquellos de violencia institucional, cometida por agentes del Estado, representaron el 34,1%, seguidos por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%).
Un 70,4% de los ingresos correspondió a apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y un 20% a abusos contra particulares.
En tanto, se registraron 464 víctimas de trauma ocular, con un 84% lesionadas por proyectiles.
Sobre las investigaciones por estos hechos, el 91% se encuentran concluidas. El 14,3% de los delitos con imputado conocido derivó en condena, según el informe.
Por contraparte, hubo 3.142 causas y 3.293 delitos contra agentes del Estado, principalmente maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%).
El 96% de las investigaciones están concluidas y 24% de los delitos con imputados conocidos terminó con una condena.
