En Ñuble se estima que existen, al menos, 50 humedales urbanos y rurales, de los cuales 40 se encuentran georreferenciados y forman parte del Plan Nacional de Humedales del Ministerio de Medio Ambiente.
Además de ser zonas de alto valor natural y paisajístico, los humedales cumplen funciones ecosistémicas fundamentales. Tienen una enorme importancia para la supervivencia humana y la diversidad biológica; sin ellos, seríamos más vulnerables a los efectos del cambio climático y a la alteración de los ciclos del agua.
Sin embargo, pese a todos los beneficios ambientales que nos entregan, no siempre son debidamente protegidos, produciéndose una degradación que termina por privarnos de estos valiosos ecosistemas e hipotecando el futuro ambiental de las próximas generaciones.
Lamentablemente, ciertas actividades, el crecimiento urbano y la construcción de obras de infraestructura muchas veces generan tensiones ambientales, que, en ocasiones, se traducen en el sacrificio de estos espacios.
En ese contexto, en enero de 2020 se promulgó la Ley de Humedales Urbanos, que los protege a través de su declaración por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Esta ley busca la conservación y el uso racional de estos ecosistemas, integrando criterios de sustentabilidad ecológica e hidrológica. Para lograrlo, establece que los proyectos que puedan impactarlos deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y exige que los humedales declarados se incorporen como áreas de valor natural en los planes de desarrollo territorial de cada comuna.
Dicha ley tuvo una positiva inspiración al establecer la competencia de los municipios para activar medidas de protección y hacer vinculantes las decisiones de la ciudadanía. Hoy, el gran desafío es reforzar esa articulación entre demandas ciudadanas de protección y los procesos institucionales; y, por otro lado, fortalecer el trabajo educativo, porque una ciudadanía que conozca estos espacios podrá valorarlos y convertirse en principal responsable de su cuidado.
Erradicar la caza furtiva de aves, la presencia de perros asilvestrados y vehículos motorizados, el pastoreo de ganado sobre vegetación ribereña, la extracción ilegal de agua y los microbasurales, son todas amenazas que requieren ser contenidas en nuestro territorio, donde una decena de humedales costeros y urbanos buscan ser protegidos legalmente y donde se nota un esfuerzo de la comunidad organizada y de los gobiernos comunales por preservarlos, como ocurrió con la declaratoria del humedal Río Colmuyao, en Cobquecura, en enero de 2024; o la del humedal Maipú de O’Higgins, en Chillán Viejo, en diciembre de 2024.
En Ñuble hay dos casos que ejemplifican una mal entendida colisión de intereses: el futuro puente sobre la desembocadura del Itata, cuyo titular, el MOP, debe presentar un estudio de impacto ambiental debido a que interviene el humedal Desembocadura del Río Itata; y el conjunto de viviendas sociales que proyecta Inmobiliaria Galilea en las inmediaciones del humedal Maipú de O’Higgins, empresa que recurrió a la justicia -hasta ahora sin éxito- para dejar sin efecto la declaratoria y construir el proyecto sin necesidad de someterlo a evaluación ambiental. Ambos proyectos son necesarios, pero se deben ejecutar con apego a la normativa y sin abandonar la perspectiva de sustentabilidad ambiental y social que la sociedad demanda.
