Caminar por el proyecto habitacional Comité Nuevo Horizonte II de Pueblo Seco, comuna de San Ignacio, evoca a cine, a guerra. A catástrofe. Casas vacías, a medio terminar, con postes caídos sobre sus techos, ventanales rotos, tuberías de cemento en las veredas en medio de un camino de piedras que calza perfecto con la maleza desordenada brotando donde alguna vez la gente imaginó un jardín.
Fueron 60 las familias que compraron sus casas, dentro del Plan Estatal de Emergencia Habitacional, encargado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en una ceremonia cuya firma se estampó en 2023, tras 14 años de espera y trabajo.
Un reportaje televisivo, sin embargo, dejó en evidencia el malestar y la sensación de impotencia que los vecinos venía acusando sin mucha amplificación mediática, debido a que la empresa constructora que se adjudicó el proyecto (VVA Ltda) “se declaró en insolvencia y se tuvo que poner fin al contrato, quedando el proyecto sin terminar”, dice Roberto Grandón, director del Serviu Ñuble
Pese a que en diversas publicaciones en redes sociales, e incluso ante las cámaras de televisión, los afectados acusaron que Grandón como los titulares del Minvu no habrían actuado conforme al mérito de las sucesivas denuncias, el director del Serviu comentó: “nosotros nos enteramos casi al mismo tiempo que se decidiera poner fin al contrato con esta empresa, en noviembre del año pasado, que ellos también tenían otro problema inconcluso en Biobío, por lo que interpusimos una querella por estafa y fraude al Fisco en su contra”, acción judicial que se ejecutó el pasado 21 de marzo.
La presentación ante tribunales se fundamenta en acciones ilícitas, como la confección de estado de pagos de manera maliciosa por parte de la constructora
En cuanto a las acusaciones vecinales que apuntaban a un trabajo negligente por parte de los funcionarios encargados de las fiscalizaciones y verificación del cumplimiento de la obra, Grandón detalló que “se inició un proceso sancionatorio administrativo, por las eventuales responsabilidades que le podría caber a algún funcionario en esa situación”.
También se requirió un peritaje contable, ya que dentro del proceso de liquidación correspondiente al cese del contrato, los haberes y porcentajes de avance que presentó la empresa no eran coincidentes a las estimaciones realizadas por el Serviu.
“Estamos viendo qué entidad nacional es a la que corresponde solicitarle esa evaluación, lo que nos permitirá saber cuántas viviendas quedaron habitables, cuántas se pueden terminar o cuántas se deben demoler. Todo eso, esperamos concretarlo antes de fin de año”, sostuvo Grandón.
No hay solución a corto plazo
Al escuchar y leer las declaraciones de los vecinos afectados, más allá de la frustración y la rabia que se denota en sus mensajes, queda en evidencia que lo que más les incomoda es la incertidumbre y el no tener a nadie que les dé respuestas concretas.
Elizabeth Morales, presidenta del comité, acusó a que “para el Estado, nuestras viviendas aparecen como pagadas y terminadas, pero la realidad es otra. Las casas están botadas, inconclusas y con graves defectos en su construcción. Nos sentimos burlados y engañados”.
Y aunque se había deslizado la idea que serían las mismas familias quienes deberían refinanciar el proyecto, tanto en el Serviu como en el Minvu advierten que son estas reparticiones quienes ya trabajan en la búsqueda de soluciones.
Antonio Marchant, seremi de Vivienda,lo explicó: “ya estamos buscando con asesoría externa cuánto es el valor que necesita el Estado para terminar esta obra lo antes posible”.
Por otro lado, en el Serviu rechazaron entregar plazos estimativos, ya que una vez hecho el peritaje y recién se podrá contar con un cronograma.
“Todo dependerá también del estado en que se encuentren las viviendas, porque una cosa es terminar lo que ya existe, y otra muy diferente es el demoler para construir de nuevo”, advirtió Roberto Grandón.
De todas formas, comentó que ya han debido afrontar, como servicio estatal, a situaciones incluso más complejas que estas, como un proyecto inconcluso de cerca de 500 viviendas en Biobío “y otro caso ocurrido en Ñuble, cuando todavía éramos provincia, en los que hubo que demoler casas. Siempre termina siendo un proyecto mucho más caro el reconstruir, que el terminar una obra”.
Con lo anterior como respaldo, desde el Serviu precisaron que no se puede pensar en soluciones al corto plazo.
Elizabeth Morales admitió ue “al menos, el saber que se va a terminar el proyecto, nos da algo de tranquilidad. Nosotros postulamos a una empresa pero no fue aceptada por la Ditec, y finalmente se decidió llamar a una nueva licitación, lo que entendemos la va a dar mas transparencia al proceso. Pero esto ha sido un verdadero infierno”.
