La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que modifica las exigencias de ingreso a las carreras y programas de pedagogía, luego de una tramitación marcada por sucesivas postergaciones.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, busca enfrentar el déficit de profesores en el país mediante un nuevo esquema de admisión, sustentado en informes técnicos elaborados por el Ministerio de Educación y validados por el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario.
Durante la votación en particular, la Sala aprobó cuatro enmiendas introducidas por las diputadas Mónica Arce y Emilia Schneider. Dos de ellas establecen que la propuesta del Ministerio deberá contar con la aprobación del Consejo Nacional de Educación, una demanda ampliamente respaldada por el mundo académico y las facultades de pedagogía. En lo sustantivo, el cambio posterga el alza de los requisitos mínimos de ingreso, que debía regir desde el proceso 2026.
El texto aprobado dispone que las nuevas exigencias consideren, al menos, los criterios aplicados en la admisión anterior, mientras que el Comité Técnico deberá informar las condiciones de acceso para los años 2027 y 2028, tomando en cuenta la disponibilidad de docentes, brechas de formación y tasas de deserción.
Si las propuestas del Ministerio son rechazadas, se establece un mecanismo de prórroga automática de los requisitos vigentes.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que el déficit docente es crítico y que las regiones del sur concentran las mayores dificultades para atraer y retener profesores.
“La evidencia muestra que quienes ingresan por vías de acceso especial presentan mejores tasas de permanencia y compromiso con la profesión”, indicó.
Vocación y contexto territorial
El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, destacó la urgencia de aprobar el proyecto antes del próximo proceso de admisión.
“Sin esta prórroga, solo 35 de 329 carreras completarían sus cupos, lo que afectaría gravemente el ingreso de nuevos estudiantes al sistema formativo docente”, advirtió.
Recalcó que las actuales reglas, de no ajustarse, podrían ‘vaciar’ las facultades de Educación en regiones, en un contexto donde ya existe una carencia estructural de profesores.
La decana de la Facultad de Educación de la UdeC, Carla Barría, coincidió en que el debate debe abordarse con enfoque territorial y sin perder el estándar de calidad.
“No se trata de bajar exigencias, sino de actualizarlas con criterios basados en evidencia. Este proyecto permite decisiones informadas y acordes con la realidad del país”, afirmó.
En tanto, la decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío, Fancy Castro, destacó el avance legislativo y llamó al Senado a aprobar la iniciativa.
“Negarse a este proyecto sería aumentar los obstáculos para estudiar pedagogía, cuando el país necesita más profesores, especialmente en áreas como ciencias y matemáticas”, sostuvo.
Impacto regional
Las universidades con presencia en Ñuble coinciden en que la reforma no implica un retroceso en la calidad formativa, sino un ajuste temporal necesario para evitar el colapso del sistema.
Las casas de estudio proyectan que, sin los cambios, la drástica caída en las postulaciones podría comprometer la continuidad de varios programas acreditados y reducir la oferta docente en zonas rurales.
El proyecto mantiene vías de acceso especial para quienes aprueben programas de preparación y acceso a pedagogía reconocidos por el Ministerio, además de contemplar mecanismos inclusivos para personas en situación de discapacidad, sin exigirles rendir la prueba de admisión.
El Ejecutivo propuso además fijar el puntaje mínimo de acceso en el percentil 33 (592 puntos PAES), en lugar de los 626 que se aplicaría desde 2026. También se evalúa un aumento progresivo de exigencias, considerando las necesidades de profesores en cada región.
