El oro rojo. Si alguna vez esa forma de referirse al cobre comenzó a desaparecer por comenzar una devaluación en la Bolsa de Metales de Londres que llegó a un mínimo histórico de US$ 1,39 por libra, en 2008; hoy y lo que se viene en los próximos años han hecho que la comparación comience a ser usada en diversos medios del mundo, de nuevo.
Si este 2025, el cobre ha promediado los US$ 4,5/libra, los analistas estiman que en 2026, su valor se empinará por los US$5,13 y para el 2027, llegará a su máximo histórico, con un precio de US$ 6,12 por libra.
¿Buenas noticias? En términos generales, sí -al menos- para países como Chile. Sin embargo, el pronóstico viene acompañado de una singular alerta preventiva y que apunta a un problema que lejos de resolverse o aminorarse, ha ido aumentando y sus causantes, perfeccionándose: las bandas criminales especialistas en el robo de cables de cobre.
Algunas empresas eléctricas que operan en Ñuble han advertido que cada vez que el cobre sube su cotización internacional, el robo de conductores de transmisión y distribución aumenta.
El golpe no consiste en una suerte de robo de especies, ya que este particular tipo de delito, una vez que se concreta, deja a centenas de familias, unidades policiales, bomberiles, escuelas o centros de asistencia en salud, totalmente fuera de combate.
Pocos, por lo demás, entienden su asociación directa con la suspensión del suministro de agua que los robos de conductores significan para los sectores rurales, para quienes el riego es un sinecuanon en su economía y subsistencia diaria.
Las cantidades de dinero que significa esta especialidad del crimen organizado que opera en Chile, los aprendizajes adquiridos para entender cómo introducir lo robado al circuito formal del negocio y los niveles de violencia o corrupción que pueden llegar a alcanzar en un corto plazo, motivó modificaciones recientes, por parte del Legislador, a las leyes penales que sancionan este delito.
La Ley N° 21.761, publicada el 17 de septiembre de 2025, endurece las penas para el robo y la receptación de cables, incrementando la sanción a presidio de 5 a 10 años si el robo interrumpe el suministro eléctrico y establece penas para funcionarios públicos que faciliten el delito.
La ley también introduce la trazabilidad digital para el cobre, prohíbe la venta de cobre en fundiciones y desarmadurías de bajo tamaño, y considera sanciones adicionales si los daños superan las 40 UTM (Unidad Tributaria Mensual).
Se establecen agravantes para el robo de cables, especialmente cuando se hacen pasar por trabajadores de empresas o causan daños significativos que superan las 40 UTM.
Pocos operativos policiales
Sólo este año, empresas como CGE, Copelec y Frontel, acusan pérdidas por robo de 34.535 metros de cable de cobre. En detalle, 13.400 de CGE, 15.000 Frontel y 6.135 de Copelec.
La respuesta penal ha sido mucho más débil que la delictual. En cuanto a bandas detenidas, en Ñuble no hay registros, aunque sí cayó una en la región del Biobío, en julio de este año. Fueron 19 personas (8 mujeres) se incautaron 25 toneladas, avaluadas en $400 millones.
Mientras que en Ñuble, en septiembre pasado, el OS9 de Carabineros Ñuble detuvo en la comuna de Coihueco, al propietario de una chatarrería, donde se almacenaban varios kilos de cable de alta tensión.
El equipo especializado de Carabineros ejecutó diversas acciones para levantar información pertinente respecto a la indagatoria por los robos de cable que afectaron a varios puntos de la región, y que los llevó a la comuna de Coihueco para intervenir este local de venta de chatarra, donde hallaron restos de cables de alta tensión.
Durante 2024, las empresas distribuidoras agrupadas en el gremio interpusieron 546 querellas y denuncias, reforzando su compromiso con la persecución penal de estos delitos. No obstante, el gremio insiste en la necesidad urgente de avanzar en políticas públicas y medidas legislativas que mejoren la persecución de este delito y enfrenten este problema desde su origen: el comercio informal e ilegal de cobre robado.
Pese a esto, el delito del robo de cables de cobre es uno de los focos investigativos, por tanto prioritarios, de la Fiscalía Regional de Ñuble.
Al poniente de la ruta
En la Región de Ñuble, de enero a la fecha se ha mantenido una tendencia que no encuentra mayor explicación. Casi la totalidad de los robos ocurren en los sectores ubicados al poniente de la Ruta 5 Sur y casi nunca en los sectores del costado oriente.
Pese a esto, y de manera paradójica, si se trata de la Ruta del Itata, pareciera que el fenómeno es al revés, ya que -por lejos- Quillón es la comuna más golpeada en la región, conforme las estadísticas que se manejan en las empresas eléctricas afectadas.
En Copelec, sindican a los sectores de Cerro Negro y Licuria; mientras que Frontel acusa tres robos este año en esa comuna.
Otros puntos críticos son San Nicolás (la de mayor afectación para CGE), Portezuelo (camino a Ñipas), San Carlos (sector La Maravilla y el cruce a Quirihue), Coelemu (Guarilihue y camino a Tomé), Pemuco (Relbum), Bulnes (Los Tilos), Colton (Chillán Viejo) y Quilmo (Chillán).
Nelson Jorquera, jefe de Prevención de pérdidas, de Copelec, apunta que “hemos notado ese fenómeno. Hay bandas que son transnacionales y tienen modos de operar muy similares, es un delito cíclico, dinámico, evolutivo y fluctuante, pero tiene particularidades, como,por ejemplo, que cuando se denuncian casos en Biobío, posteriormente, los afetcados somos los de Ñuble y, algo que nos parece curioso y no hemos podido entender por qué, casi siempre las zonas afectadas son las del costado poniente de la Ruta 5 Sur”.
Expectativas por la nueva ley
Respecto de la reciente publicación de la Ley N° 21.761, que fortalece la persecución penal de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, “valoramos este importante avance”, expresó Jaime Morales, jefe de Servicio al Cliente de Frontel, quien destacó “que se puedan abordar otras temáticas necesarias en el ámbito eléctrico, tales como implementar tecnologías de trazabilidad electrónica que dificulten la comercialización ilegal del cobre sustraído; establecer regulaciones más estrictas para plantas recicladoras y chatarrerías; y reforzar las capacidades de fiscalización y persecución penal”.
De lo anterior, se desprende que el detener en flagrancia a estas bandas sería un asunto puramente accidental, ya que se opera en terrenos con poco patrullaje ni televigilancia. Sin embargo, son la trazabilidad y estos pequeños mercados receptores donde una gran parte de las toneladas sustraídas van a parar.
Nelson Jorquera, de Copelec, acota que, “antes, este delito estaba tipificado como apropiación de conductor eléctrico de cobre y telecomunicaciones, implicando una pena de hasta cinco años y un día, con multas bajísimas, o sea, era como un delito invisibilizado realmente por el nombre que tenía”.
En contraste, “ahora pasamos ya a un máximo de 10 años y con agravantes, por ejemplo, para quienes se hagan pasar por empleados de las empresas, la participación de funcionarios públicos”.
Aunque admite que la experiencia dice que no sólo por aumentar las penas, desaparece el delito, reconoce que “éste es un gran avance. Y lo que hay que hacer, ahora, es seguir la ruta del dinero”.
Hoy, el acta de procedencia sólo lo maneja la Policía de Investigaciones, y lo usa para poder verificar en los locales de compra y venta de metales a las personas que venden este material reciclado, “pero nosotros necesitamos modernizarlo”, añade.
“Necesitamos generar un reglamento, por ejemplo, tener un sistema automatizado que pudiéramos entrar con la persona que está vendiendo con la clave única, de esta manera, dejamos el registro automatizado de esa persona que vende, y después involucrar el DUS, que es un documento de exportación, más la información que le llega a Aduana, y con eso tenemos la trazabilidad”, explica.
“Si hay una duda respecto a eso, el Ministerio Público va a investigar y tiene toda la trazabilidad de la documentación”, concluye.
