Con optimismo fue recibida la noticia de que la Dirección de Concesiones del MOP autorizó a la empresa Sacyr a adelantar parte de las obras incluidas en la Segunda Concesión de la Ruta del Itata. La concesionaria ingresó al SEA la consulta de pertinencia de las obras que desarrollará, que se estima inicien el primer trimestre del año 2026.
Se ejecutarán 30 obras de conexión en la ruta, de las cuales 14 corresponden a Ñuble: ocho paraderos, dos pasarelas y cuatro accesos de emergencia. La inversión es parte del contrato de concesión iniciado en marzo de 2025, con una duración de hasta 45 años y un monto total de US$ 564 millones.
La estimación es que las obras debieran concluir en septiembre de 2026, coincidiendo con la entrada en funcionamiento del sistema de pago automático. Sin embargo, ello dependerá de la respuesta del SEA a la consulta de pertinencia.
La consulta de pertinencia es una herramienta contemplada en la ley, para proyectos que no requieren su ingreso obligatorio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por ello, un escenario probable es que el SEA resuelva favorablemente y no exija un estudio de impacto ambiental; en otro, podría solicitar más antecedentes, lo que dilataría el proceso; y en el peor escenario para el titular, el SEA podría determinar que sí es pertinente la evaluación ambiental. No obstante, el primer escenario es el más probable dado que estas inversiones corresponden a obras menores, con un acotado impacto en el entorno, a diferencia de otras obras esperadas, como la conexión a Florida desde Chillán.
Curiosamente, dos concesiones que se entregaron antes, la Ruta 5 tramo Talca-Chillán (2021) y la Ruta 5 tramo Chillán-Collipulli (2023), aún no han podido iniciar obras debido a que están entrampadas en su evaluación ambiental.
El presidente de la CChC Ñuble, Sebastián Godoy, advertía semanas atrás sobre las implicancias de estos retrasos en la actividad del sector y en el empleo, un aspecto sensible en el contexto de alta desocupación en la región. “Ahí también juega la permisología, porque sin la resolución de calificación ambiental, los bancos internacionales no están financiando a la empresa. Mientras no haya certezas, no van a iniciar obras; y ahí es donde nosotros tenemos que apurar el paso como estado, de ir resolviendo y poner prioridad”, expresó.
En el caso del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5, la concesionaria ingresó al SEA, el 2 de agosto de 2024, el estudio de impacto ambiental (EIA) para la construcción de nuevos puentes, por US$ 29,8 millones, el que no fue admitido a tramitación. Veinte días después, el titular reingresó el EIA, cuyo proceso de evaluación aún no concluye.
En cuanto al tramo Chillán-Collipulli, la concesionaria presentó, el 12 de marzo de 2025, el EIA de las obras, por un total de US$ 447,6 millones, el que tampoco fue admitido a tramitación. Dos semanas después, la empresa reingresó el estudio, pero, en medio del proceso de evaluación, en julio pasado, resolvió desistirse.
No se trata de saltarse la ley o de minimizar los impactos ambientales, sino de dar mayor celeridad a los procesos de evaluación ambiental de obras estratégicas en un contexto que exige niveles de inversión más elevados para estimular la economía y el empleo.
La permisología ambiental sigue siendo un desafío pendiente para el aparato público, por lo que debe ser abordado con sentido de urgencia por las autoridades, tanto en materia legislativa como en los actos administrativos.
