Un infarto al miocardio le causó la muerte a Marcelo León Lefort, dueño de la empresa Itelecom y principal acusado en la causa por hechos de corrupción que investiga, para todo el país, la Fiscalía Regional de Ñuble, y que en los medios de prensa se la ha presentado como “Caso Led”.
Lefort, cuyo nombre se hizo conocido en Ñuble debido a que una de las aristas de la causa penal se relaciona con la Municipalidad de Chillán, padecía de cáncer, y según abogados del caso cercanos a su defensa, explicaron que el pasado viernes comenzó a sentir malestares que lo obligaron a acudir al centro médico en el que se estaba tratando, debiendo ser pasado de emergencia a pabellón, falleciendo de un infarto.
De esta manera, su causa en particular deberá ser declarada sobreseída por parte de la Fiscalía, sin que este incidente afecte al resto del proceso que ya cuenta con 11 condenas obtenidas en procedimientos abreviados, mientras que los otros diez acusados, entre ellos un exconcejal y un exadministrador municipal, deberán resolver su situación procesal en un juicio oral que -se espera- sea fijado para los últimos meses del 2025.
En la arista chillaneja, la fiscalía destaca que Lefort y sus socios cercanos sobornaron a los funcionarios Marcelo Campos (ya sentenciado), exasesor jurídico de la Municipalidad; al exadministrador municipal, Ricardo Vallejos, y al entonces concejal, Víctor Sepúlveda, a quienes se les acusa de haber intencionado la votación edilicia para que se adjudicara a la empresa de Lefort, el recambio de luminarias led, en 2020, negociación que de haberse concretado, le hubiese significado cerca de $3.400 millones a la empresa.
En diciembre de 2020, la PDI detuvo en Santiago a Marcelo Campos, tras recibir un soborno de $37 millones, incautación que motivó allanamientos y la detención de más involucrados.
Aunque Lefort, Campos, Vallejos y Sepúlveda estuvieron en prisión preventiva, estos últimos años se les revocó la medida por otras de menor intensidad.
Causa de 7 mil páginas
En cuanto a la causa, que de acuerdo a lo dicho por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, a LA DISCUSIÓN, cuenta con cerca de 7 mil páginas (sólo 500 conforman la acusación) lo que permite anticipar “un juicio que se puede extender por varios meses, ya que son muchos los acusados y mucha la carga probatoria o la cantidad de testigos y peritos que deben declarar”.
La muerte del empresario, sin embargo, por ser el principal acusado y gestor de todos los hechos investigados, sí significaría una reducción considerable de tiempo.
En el caso de Marcelo Campos, tras aceptar los cargos se le decretó una sentencia de 3 años y 1 día de reclusión, 7 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos, 7 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado, más una multa de $24.700.000 por el delito de cohecho y otra de $1.378.460, por el delito de violación de secreto.
En similar situación quedaron -entre otros- el exalcalde de Negrete, Francisco Melo; Paul Pacheco, funcionario del Ministerio de Energía; y el empresario George Latrille, amigo del dueño de Itelecom, Marcelo Lefort, a quien le facilitaba facturas falsas.
En tanto, Ricardo Vallejos, quien espera demostrar junto a sus abogados su inocencia, no aceptó un procedimiento abreviado (que lo habría obligado a reconocer culpabilidad), por lo que su situación se resolverá en el juicio oral por agendar.
Mientras que para el exedil, Víctor Sepúlveda, no se le ofreció esta posibilidad de terminar antes la causa con una sentencia condenatoria menor.
Al primero se le acusa de cohecho y la Fiscalía pide en su contra penas de 8 años de reclusión, otros 10 de inhabilitación para ejercer oficios en entidades públicas e inhabilitación perpetua para cargos públicos, además de multas y comisos.
Para Sepúlveda, quien por haber tenido un cargo de elección popular, la Fiscalía está pidiendo una pena de 10 años de presidido, 10 años sin ejercer oficios públicos y otros 10 años para ejercer cargos públicos, más multas y comisos.
De todas maneras, aún no se ha fijado fecha para el arranque de este juicio oral
