La entrada en vigencia de la Ley 21.172, conocida como “Chao Cables”, marca un hito en la recuperación del espacio público y en la estética de nuestras ciudades. Seis años después de su promulgación, y tras la aprobación de su reglamento por parte de la Contraloría, comienza a ejecutarse una normativa largamente esperada, que obliga a las empresas de telecomunicaciones, grandes y pequeñas, a retirar los cables en desuso que cuelga sobre nuestras calles.
Los escombros aéreos se han convertido en un símbolo de abandono y desorden. Postes sobrecargados, redes enredadas y cables caídos han contaminado visualmente el paisaje urbano y rural, afectando no solo la estética, sino también la seguridad de peatones, automovilistas y del propio suministro eléctrico. La Región de Ñuble no ha estado ajena a este problema. Basta caminar por el centro de Chillán o por sectores residenciales de San Carlos, Bulnes o Quirihue para comprobar cómo el exceso de cableado contrasta con los esfuerzos de modernización y embellecimiento de los espacios públicos.
La ley establece un plazo de tres años para que las empresas elaboren planes anuales de retiro programado, coordinados con municipios y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Se trata de un trabajo progresivo y ordenado, que priorizará aquellas comunas más críticas. En Ñuble, el Gobierno Regional ya entregó una propuesta con diez municipios en la primera línea: Chillán, Chillán Viejo, Bulnes, San Carlos, Quirihue, Cobquecura, Pinto, Quillón, San Fabián y Yungay. La selección no solo obedece al nivel de saturación visual, sino también a su condición de capitales provinciales, polos turísticos o centros de interconexión.
El desafío es gigantesco. Se estima que en la región existen más de 130 mil postes, muchos de ellos con infraestructura mixta, donde cables en servicio conviven con tendidos obsoletos, sin identificación ni responsables claros. Las empresas eléctricas, como Copelec, han advertido que no cuentan con capacidad técnica para distinguir qué cables están activos y cuáles no. La responsabilidad, en consecuencia, recae en las compañías de telecomunicaciones.
La historia explica parte del problema, pues fusiones empresariales, quiebras y transformaciones tecnológicas fueron dejando restos en el aire que nadie quiso asumir. Hoy, por fin, la ley despeja esa duda y asigna obligaciones concretas.
En Chillán, el municipio se adelantó con una ordenanza que regula la fiscalización y retiro de cableado abandonado. Aunque el avance ha sido modesto, la iniciativa refleja una voluntad local que deberá fortalecerse con la coordinación de Subtel y las empresas. El ejemplo de la capital regional muestra también la complejidad del proceso. Notificar, identificar, retirar y disponer del material exige recursos técnicos y humanos que muchos municipios no poseen. De ahí la importancia de la colaboración público-privada y del acompañamiento de la seremi y del GORE.
¿Lograrán las empresas más pequeñas cumplir con el mandato legal? ¿Habrá capacidad suficiente de fiscalización por parte de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y de los municipios? ¿Podrá evitarse que la falta de recursos derive en postergaciones? Son dudas que deberán resolverse en el camino, y si el proceso avanza como está planificado, en tres años podríamos mirar las calles -de 10 de las 21 comunas de Ñuble- con otros ojos.
