El próximo lunes se publicará en el Diario Oficial la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), una normativa largamente esperada por el mundo privado y que supuestamente aliviará una de las principales trabas al desarrollo económico de Chile: la permisología.
El término, instalado en el debate público, describe un problema real. La burocracia excesiva, las normas superpuestas y los tiempos inciertos de tramitación han terminado por frenar proyectos, encarecer inversiones y ahuyentar oportunidades que podrían traducirse en empleos y dinamismo regional. En Ñuble, donde el desarrollo aún arrastra deudas históricas, esa realidad golpea con más fuerza. Basta conversar con agricultores que esperan meses por una autorización de riego, empresarios que ven paralizadas ampliaciones industriales o constructores que luchan por acelerar permisos de edificación.
La LMAS busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales. Para ello introduce mecanismos de simplificación como la tramitación paralela de autorizaciones, la ventanilla única, el establecimiento de plazos máximos y la incorporación del principio de “silencio administrativo positivo” en casos definidos. La meta del Gobierno es que la ley quede plenamente operativa durante esta administración, lo que implica dictar al menos 29 reglamentos y armonizar más de 40 leyes sectoriales, entre ellas el Código de Aguas, el Código de Minería y la normativa eléctrica.
En Ñuble, los efectos podrían sentirse en diversos frentes. En la agricultura, los permisos de la DGA, la DOH y el SAG podrían gestionarse en paralelo, con un ahorro de semanas o incluso meses. En energía, los proyectos de fuentes renovables se verían beneficiados por plazos más acotados y la posibilidad de tramitar en simultáneo ante la SEC, la Dirección de Obras Municipales y Vialidad. En el ámbito forestal e industrial, la estandarización y las llamadas Técnicas Habilitantes Alternativas, reducirán incertidumbres. Y en la construcción, la digitalización y los plazos fijados para las direcciones de obras municipales podrían acelerar la edificación y recepción de obras.
Sin embargo, “no es una varita mágica”, como bien advierte el presidente de CorÑuble, Ricardo Salman. La efectividad de la ley dependerá de tres factores: reglamentos bien diseñados, capacidad humana y tecnológica de los servicios públicos para cumplir plazos, y voluntad política para que las instancias de alto nivel, sobre todo ambientales, no se transformen en nuevos cuellos de botella.
Aquí radica el verdadero desafío. Agilizar no puede significar debilitar. Una tramitación más rápida no debe ser sinónimo de menos rigurosidad, especialmente en materias ambientales. Hemos visto muchas veces que las demoras no provienen de la lentitud estatal, sino de expedientes incompletos o deficientes presentados por los propios titulares de los proyectos. El rigor técnico en la evaluación ambiental es indispensable para resguardar nuestro patrimonio natural y garantizar un desarrollo sostenible.
Ñuble necesita menos burocracia, pero también necesita más Estado eficiente, capaz de cuidar lo que tenemos y proyectar lo que queremos ser.
