El aumento sostenido de la delincuencia, tanto en sectores urbanos como en áreas rurales, ha generado una respuesta legislativa marcada por el endurecimiento de sanciones.
En las últimas semanas, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos que avanzan en esta línea, y que tuvieron como protagonistas a parlamentarios de la Región de Ñuble.
Uno de ellos corresponde a la modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, impulsada por la bancada de Renovación Nacional y liderada en esta materia por el diputado Frank Sauerbaum. La iniciativa busca responder al preocupante aumento de delitos cometidos por menores de edad: según cifras del Ministerio Público, las causas en esta materia superaron las 40.000 en 2024, casi el doble que en 2021.
El proyecto establece sanciones más estrictas para un catálogo de 14 delitos graves, que incluyen secuestro, violación, robo con violencia e intimidación, homicidio y asesinato de policías. Entre las principales medidas destaca la ampliación a 10 años de las penas privativas de libertad para adolescentes de 14 y 15 años, la eliminación de beneficios que disminuían automáticamente la condena y la imposición de mayores restricciones en casos de internación provisoria.
También se endurece la sanción para quienes quebranten condenas y se garantiza la participación de las víctimas en eventuales solicitudes de remisión o sustitución de penas.
“La idea es que los adolescentes que cometen delitos violentos tengan una responsabilidad real y no puedan reincidir sin consecuencias más severas”, señaló Sauerbaum tras la votación en la Sala, que aprobó el proyecto y lo despachó al Senado para su segundo trámite constitucional.
Zonas rurales
En paralelo, el diputado gremialista Cristóbal Martínez respaldó la iniciativa que busca endurecer las sanciones para los delitos cometidos en zonas rurales, incorporando una nueva circunstancia agravante en el Código Penal. El objetivo es sancionar con mayor rigor a quienes se aprovechen de las condiciones de aislamiento, falta de luminosidad o distancia de las fuerzas policiales para delinquir en sectores apartados.
Martínez destacó que la medida apunta especialmente a delitos como el abigeato, el robo de productos agrícolas y los asaltos a viviendas rurales.
“Todos sabemos que los sectores rurales enfrentan una realidad distinta y más vulnerable. Por eso este proyecto busca equilibrar la balanza y dar mayor protección a los vecinos que viven lejos de las ciudades”, afirmó.
El parlamentario de Ñuble llamó al Senado a dar celeridad a la discusión y pidió al Ejecutivo otorgar máxima urgencia a la iniciativa, recordando que el abigeato suele intensificarse durante las Fiestas Patrias.
Ambas propuestas reflejan un consenso político en torno a la necesidad de enfrentar la crisis de seguridad con reformas legislativas concretas, que consideran tanto el fenómeno delictual juvenil como la particular vulnerabilidad de los sectores rurales.
