Igual como en otras ciudades intermedias del país, en Chillán se está produciendo una disociación del área tradicional de operación del comercio ambulante, en el centro de la ciudad, desplazándose fuera de las cuatro avenidas, a sectores de alta concentración poblacional y menos control, como Diagonal Las Termas, Alonso de Ercilla y sobre todo Los Puelches.
Esta dinámica no es nueva, de hecho así se originaron la mayoría de las ferias que hoy existen en nuestra ciudad, pero lo diferente ahora es su alta conflictividad social y la sensación de impunidad y de ausencia de ley y orden que está transmitiendo en materia de seguridad, salud y aseo.
En la última sesión del Concejo Municipal, un video que registró agresiones en plena vía pública expuso con crudeza la violencia que acompaña a esta actividad irregular. Los concejales emplazaron al delegado presidencial, Rodrigo García, a tomar medidas concretas junto a Carabineros. Sin embargo, su respuesta (“vamos a volver a analizarlo”) fue recibida con frustración por los vecinos, quienes llevan meses denunciando amenazas, basura, obstrucción del espacio público y una creciente sensación de indefensión.
Los testimonios de dirigentes vecinales reflejan la urgencia de un problema que ya no admite más diagnósticos ni rondas de conversación. La ocupación indebida del espacio público y la infiltración de delincuentes convierten a este fenómeno en un problema que excede lo económico. Es una amenaza a la convivencia urbana.
Casos investigados en nuestra ciudad han mostrado que estos comerciantes callejeros trabajan como comisionistas de poderosos grupos de abastecedores de mercadería apócrifa con un sistema de entregadores, chóferes y recaudadores capaces de burlar todo tipo de control.
La experiencia de ciudades intermedias como Rancagua, Talca u Osorno confirma que la permisividad solo empeora la situación. Allí, al igual que en Chillán, muchos de los vendedores son migrantes, la mayoría en condición irregular. Este dato, lejos de ser un argumento para la estigmatización, debe empujar a políticas públicas serias que combinen control, oportunidades de formalización y vías de inserción laboral.
El dilema que enfrentan las autoridades es evidente. El comercio ambulante ilegal ha sido históricamente tolerado en nombre de la necesidad económica de quienes lo ejercen. Pero cuando esa actividad deriva en violencia, amenaza a vecinos y degrada la ciudad, el principio de “sensibilidad social” se transforma en un pretexto para la inacción.
La solución no puede reducirse al “garrote”, pero tampoco puede seguir descansando en la contemplación pasiva. La evidencia internacional es clara: las ciudades que lograron recuperar sus calles lo hicieron combinando tres elementos. Primero, un marco legal robusto, con sanciones efectivas que eviten la impunidad. Segundo, fiscalización permanente y recursos para respaldarla. Y tercero, programas de reconversión y apoyo real para quienes desean salir de la informalidad, mediante ferias reguladas, capacitación y acceso a empleo.
La indignación de los vecinos de Los Puelches no es un episodio aislado, sino un síntoma de un modelo urbano en crisis. Se requiere decisión política, respaldo institucional y, sobre todo, respeto por la ciudadanía que exige vivir en una ciudad limpia, segura y ordenada.
