Tras semanas de discusión, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados avanzó en el análisis de la reforma al sistema político, una de las iniciativas más relevantes en materia institucional de los últimos años.
El proyecto, que ya fue revisado por el Senado, busca corregir distorsiones generadas por el sistema electoral y poner coto a la dispersión de fuerzas políticas que, según sus impulsores, ha dificultado la gobernabilidad.
Entre las principales disposiciones, la comisión aprobó que cesarán en su cargo los parlamentarios que renuncien al partido político con el cual fueron electos, salvo en el caso de un cambio sustantivo de la declaración de principios de la colectividad. La norma también se aplicará a los independientes que, habiendo sido electos con el respaldo de un partido, decidan afiliarse a otra colectividad distinta. Asimismo, se impide asumir el escaño a quienes abandonen su partido antes de jurar o prometer como parlamentarios.
Otra de las innovaciones es la regulación de los Comités Parlamentarios: se establece que quienes los abandonen también perderán el cargo, lo que busca reforzar la cohesión de los bloques al interior del Congreso. Con estas medidas, el Ejecutivo y los legisladores que respaldan la reforma esperan frenar la práctica del “transfuguismo político”, que ha sido objeto de críticas en los últimos años.
El debate también incluyó la definición de umbrales de votación para la participación en la distribución de escaños. El proyecto establece que, a partir de las elecciones parlamentarias posteriores a las de noviembre de 2025, solo los partidos que obtengan al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional podrán acceder a representación en la Cámara de Diputados y el Senado.
Este punto generó controversia debido a las reglas transitorias. El Senado había aprobado que para los comicios de este año, el umbral fuera de 4% o la elección de al menos cuatro parlamentarios entre nuevos y en ejercicio. También permitía la fusión de partidos de una misma lista o pacto. Diputadas y diputados de distintas bancadas objetaron esta disposición, señalando que las candidaturas ya fueron inscritas bajo la normativa vigente y que no corresponde alterar las reglas en un proceso electoral en curso. Por ello, se resolvió que los cambios comenzarán a aplicarse tras la elección parlamentaria de noviembre.
Multas por no votar
En paralelo, el Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto que restituye sanciones para quienes no cumplan con la obligación de sufragar, despachándolo a tercer trámite en la Cámara.
La moción modifica la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y establece multas que van de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $34.600 y $103.900 aproximadamente), a criterio del juez competente.
La senadora Luz Ebensperger (UDI), encargada de informar la iniciativa, explicó que la sanción aplicará solo a los ciudadanos chilenos y no a los extranjeros habilitados para sufragar. Quedarán exentos quienes se encuentren fuera del país, a más de 200 kilómetros de su local de votación, con licencia médica u otra causa debidamente acreditada. También estarán exceptuadas las personas con discapacidad certificada y quienes cumplan funciones legales el día de la elección.
El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, destacó la rapidez con que se tramitó el proyecto y llamó a la Cámara de Diputadas y Diputados a despacharlo sin demora, recordando que la idea de reponer sanciones fue impulsada por el propio Ejecutivo.
La discusión incluyó la necesidad de revisar en el futuro el mecanismo de notificaciones, hoy a cargo de los juzgados de policía local, con el fin de no sobrecargar a esas instancias.
