El atraso de la infraestructura vial en Ñuble es la expresión más clara de décadas de postergación y desigualdad cuando éramos una provincia del Biobío. Cuando se creó la región, hace 7 años, apenas un 20% de los caminos de la región estaban pavimentados. Hoy ese porcentaje es 35%, que aún nos sitúa muy por debajo del promedio nacional. Esa carencia, que para algunos puede parecer solo un problema de conectividad, se traduce en pobreza estructural, en aislamiento social y en oportunidades perdidas para miles de familias que habitan nuestras comunas rurales.
Así lo confirma la encuesta Casen, cuyos indicadores muestran que las zonas con menor acceso a infraestructura vial son, al mismo tiempo, aquellas con los mayores índices de pobreza. Allí donde no hay caminos dignos, el transporte es caro, el acceso a servicios básicos se dificulta, igual que la competitividad de las economías locales.
Desde 2018 la inversión ha crecido, pero el impacto ha sido limitado frente a una deuda acumulada por demasiado tiempo. A ello se suman los embates de fenómenos naturales que, en los últimos cinco años han deteriorado aún más la ya frágil red de caminos secundarios y la deficiente instalación de las direcciones provinciales de Vialidad, oficinas llamadas a acercar la gestión al territorio.
En resumen, la región sigue padeciendo una mora estructural en pavimentación y mantención que amenaza con comprometer su desarrollo económico y social.
Las consecuencias de este rezago son evidentes. Para los productores agropecuarios -columna vertebral de la economía regional- el costo del transporte representa el 65% de los gastos logísticos. Los caminos en mal estado encarecen la producción, prolongan los tiempos de viaje y limitan la competitividad de Ñuble frente a otras regiones. El déficit en infraestructura también repercute en el turismo, en la industria forestal y en la posibilidad de agregar valor a rubros con vocación exportadora. Incluso impacta en la seguridad vial, pues mientras el parque automotor rural crece, las vías siguen siendo las mismas, lo que eleva el riesgo de accidentes.
Frente a esta realidad, la firma del Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas aparece como una señal positiva y necesaria. Con una inversión proyectada de cerca de 300 mil millones de pesos hasta 2030, se busca pavimentar más de 780 kilómetros de caminos secundarios y mejorar otros 137 kilómetros mediante recebos y ripio. El acuerdo, suscrito la semana pasada por el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, y el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, representa un avance, sobre todo porque fija compromisos de financiamiento que trascienden a los ciclos electorales.
Invertir en la red vial secundaria de Ñuble no es solo mejorar la conectividad en beneficio de la actividad agrícola, es garantizar igualdad de oportunidades para quienes viven en zonas rurales, facilitar el acceso a salud y educación, impulsar la inversión privada y generar nuevos empleos. Nuestra región es el mejor ejemplo: donde hay caminos pavimentados, hay desarrollo; donde no los hay, persisten la pobreza y la exclusión
