Señor Director:
En un contexto donde la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas se encuentra en uno de sus niveles más bajos, la discusión del proyecto de ley que busca prohibir el consumo de drogas en autoridades políticas y públicas resulta, a primera vista, sensato. Se trata de una medida que puede contribuir a reforzar la probidad y la legitimidad de la gestión estatal frente a la ciudadanía.
Sin embargo, su implementación plantea un desafío constitucional relevante: quienes ejercen funciones públicas también son titulares de derechos fundamentales, como la protección de la vida privada y la presunción de inocencia. Un diseño apresurado o poco claro del proyecto podría terminar debilitando esas garantías, en lugar de fortalecer la confianza institucional.
Más allá de esta iniciativa específica, el desafío de fondo es mucho mayor: avanzar hacia un Estado en el cual la probidad y la integridad no sean sólo obligaciones legales, sino valores intrínsecos de quienes asumen la responsabilidad de servir a lo público.
Yhohan Lagos
Director Escuela Administración Pública UNIACC
