La próxima semana la Cámara de Diputadas y Diputados votará en particular el proyecto de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que establece multas de entre $34 mil y $204 mil a los ciudadanos -chilenos y extranjeros nacionalizados- que no cumplan con su deber de sufragio.
La iniciativa, ya aprobada en general, excluye de la sanción a los residentes extranjeros, dejando sin efecto para este proceso la controversia por el voto migrante.
El Ejecutivo ya entregó una señal clara de respaldo. La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “el proyecto de la diputada Pérez ha jugado un rol, dado que el Ejecutivo, en conversación con otros parlamentarios, ha visto que ahí hay un camino de solución”.
Con ello, la Moneda cierra filas en torno a una salida pragmática, separando la discusión de las multas por inasistencia del debate de fondo sobre la configuración del padrón.
“Son dos debates distintos”, precisó Vallejo. “Por un lado, las sanciones para implementar el mandato del voto obligatorio; por otro, la necesidad de legislar hacia adelante sobre la participación de extranjeros, sobre todo en elecciones presidenciales”, dijo.
La posición oficial había sido adelantada por la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, quien recalcó que el padrón ya está cerrado y no puede modificarse para noviembre. De esta manera, cualquier cambio normativo en relación al voto extranjero quedará postergado para futuros comicios.
El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), afirmó que “el gobierno se ha tenido que dar cuenta de que estaban completamente en un error al no apoyar el voto obligatorio”. Y emplazó a la vocera a “alinear a los parlamentarios oficialistas en apoyo a este proyecto”.
Por su parte, Joanna Pérez destacó que el respaldo de La Moneda da garantías de que el mandato constitucional se cumplirá.
“Esperamos que el gobierno también pueda alinear a parlamentarios oficialistas que han buscado obstaculizar esta iniciativa”, expresó.
La sesión para la votación en particular quedó fijada para el martes 2 de septiembre a las 17.15 horas.
Voto extranjero: el debate no está cerrado
El debate sobre la obligatoriedad del sufragio se cruza con otro aún más complejo: la participación electoral de los extranjeros. Actualmente, más de 816 mil migrantes están habilitados para votar en noviembre, lo que equivale a más del 5% del padrón nacional.
En regiones como Ñuble, su peso es menor -apenas un 0,97% del padrón-, concentrado éste en Chillán.
La situación ha despertado suspicacias en sectores políticos que advierten un eventual sesgo electoral, especialmente por la alta proporción de votantes venezolanos.
Al respecto, académicos locales coinciden en que el debate es necesario, pero advierten del riesgo de legislar bajo presión electoral.
Fernanda Rubilar, politóloga y coordinadora del Centro de Estudios CreaSur UdeC, planteó que “siempre legislar en medio de un ciclo electoral es complejo para la cohesión. Es razonable perfeccionar los requisitos, pero con inclusión progresiva: primero en elecciones locales y luego en las nacionales”,afirmó.
La también politóloga Jeanne Simon, advirtió que quitar derechos ya concedidos puede abrir un flanco mayor.
“Una vez otorgado un derecho, limitarlo solo va a complicar el panorama. Hay que pensarlo con tiempo, no en medio de una elección”.
El analista Rodrigo Landa fue más crítico: “El debate ha desnudado nuevamente intereses cortoplacistas. Con 800 mil extranjeros habilitados, esta fracción puede ser determinante en una segunda vuelta, pero discutirlo ahora solo enturbia la democracia”, manifestó.
A su vez, el abogado Alfonso Henríquez recordó que Chile es una excepción al permitir sufragio presidencial sin requerir nacionalidad.
“Revisar esa norma puede ser necesario, pero no como cálculo político a pocos meses de la elección”, sentenció.
