La aprobación unánime de la idea de legislar sobre la prohibición y regulación del uso de teléfonos inteligentes en establecimientos educacionales en la Comisión de Educación del Senado -que preside el senador por Ñuble, Gustavo Sanhueza (UDI), es una positiva señal política de que el país está dispuesto a enfrentar la irrupción descontrolada de las pantallas en la vida escolar.
El proyecto, que prohibe los celulares desde nivel parvulario hasta sexto básico y los regula entre séptimo básico y cuarto medio, recoge siete mociones parlamentarias y recoge un sentir transversal: la tecnología, cuando no está al servicio del aprendizaje, se convierte en un distractor poderoso y persistente. Y no se trata de una cruzada nostálgica contra la modernidad, sino de un intento serio por alinear la evidencia científica con las políticas públicas.
En la sesión, la especialista en educación digital, Carolina Pérez, entregó datos que no admiten desidia. Chile llega tarde en comparación con Europa y Australia, donde leyes de este tipo llevan años vigentes. Los estudios alertan sobre efectos negativos en el desarrollo neuronal, la concentración y la salud mental de niños y adolescentes. La frase más inquietante de la experta fue quizá la más esperanzadora: la pandemia de salud mental infantil podría revertirse en dos años si se aplicaran medidas como la restricción de redes sociales y la prohibición de celulares en colegios.
En terreno, la experiencia de algunos colegios que ya aplican restricciones voluntarias confirma que reducir la presencia de celulares en las salas no solo mejora la atención, sino que también fomenta la interacción cara a cara, elemento esencial para el desarrollo socioemocional. Sin embargo, la medida no es mágica: exigirá acompañar a las familias, capacitar a docentes y establecer protocolos claros para casos excepcionales como emergencias, necesidades educativas especiales o condiciones médicas.
La discusión en particular que se avecina en el Congreso será decisiva para afinar criterios y asegurar que la regulación no se quede en letra muerta. No se trata de demonizar la tecnología, que es una herramienta imprescindible en la educación contemporánea, sino de establecer un marco sensato que devuelva al aula su condición de espacio de aprendizaje, concentración y diálogo humano.
Chile ha vivido demasiadas reformas educativas que se anunciaron con entusiasmo y se diluyeron en la implementación. Esta vez, no estamos hablando solo de contenidos curriculares, sino del desarrollo integral de una generación expuesta, sin mediación suficiente, a un flujo incesante de estímulos digitales.
El desafío es claro: legislar con rapidez, escuchar a la comunidad escolar y garantizar que la ley cuente con respaldo técnico y social. No se trata de prohibir por prohibir, sino de establecer límites razonables para educar.
Si el Congreso logra convertir esta iniciativa en una política efectiva durante 2025, habremos dado un paso decisivo para que la escuela vuelva a ser un lugar donde la atención y la palabra compartida recuperen su valor.
