La negativa del Concejo Municipal de Quirihue a entregar en comodato el exinternado Casiano Andrade Vera, para albergar de forma transitoria la Escuela de Formación de Carabineros de Chile, no solo detuvo un proyecto institucional, sino también desnudó fracturas políticas, falta de visión y descoordinación en el seno de las decisiones públicas de esa comuna.
La sesión extraordinaria del Concejo, realizada ante un Teatro Municipal repleto de autoridades, vecinos y representantes de organizaciones sociales, debió haber sido un hito de unidad y visión estratégica. En cambio, fue el escenario de una votación inesperada que dejó en el aire un proyecto que contaba con el respaldo explícito de Carabineros de Chile, del Gobierno Regional y de la Delegación Presidencial.
La propuesta no era menor. Se trataba de recibir por un período de cuatro a cinco años -mientras se construye la sede definitiva en Chillán- a los primeros 60 alumnos de la institución policial, instalando una base formativa con efectos concretos en seguridad, infraestructura, empleo y proyección urbana.
Sin embargo, cuatro votos en contra (versus tres a favor) fueron suficientes para derribar esa posibilidad. Los argumentos de los ediles que rechazaron apuntan a la falta de antecedentes administrativos en los plazos requeridos para tomar una decisión informada. Y si bien la transparencia y el rigor son pilares esenciales en toda resolución pública, lo cierto es que este episodio evidencia algo más profundo: la falta de articulación política entre el alcalde y su Concejo, un cortocircuito que ha terminado por frustrar una oportunidad que podría no volver a presentarse.
La presencia en la sesión de la general inspectora María Teresa Araya, quien viajó desde Santiago para esta sesión del gobierno comunal, y de diferentes autoridades políticas y policiales, no fue suficiente para revertir la supuesta desconfianza de los ediles. Y el resultado, más allá de las razones, fue un rechazo que deja una sensación amarga, de bochorno institucional.
El alcalde Eduardo Redlich lamentó lo ocurrido y no escondió su frustración. Y con razón. Porque lo que se perdió no fue simplemente un comodato. Se perdió la posibilidad de poner a Quirihue en el mapa nacional como ciudad formadora de Carabineros, con todos los beneficios tangibles e intangibles que eso supone. Se perdió una oportunidad de recuperar un edificio abandonado y ponerlo al servicio del desarrollo local.
La reacción fue inmediata. Un día después, alcaldes de Portezuelo, Cobquecura, San Carlos, Bulnes y Coihueco ofrecieron alternativas. La señal es clara: si Quirihue no toma la oportunidad, hay otras comunas dispuestas a hacerlo.
En todo caso, aún no se cierra por completo este capítulo, pues el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, ha solicitado una nueva votación al municipio de Quirihue para reconsiderar la decisión. Pero el reloj corre, y la región ya se está moviendo. Porque el proyecto sigue adelante con o sin Quirihue, y lo que hoy se requiere no es retórica ni recriminaciones, sino voluntad política, responsabilidad institucional y sentido de urgencia.
