El segundo reporte trimestral del año, entregado por la Superintendencia de Educación (Supereduc), anotó una baja en las denuncias sobre eventuales irregularidades o vulneraciones en el ámbito educacional en Ñuble.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, ingresaron 176 reclamos para ser fiscalizados por la institución, siendo en su mayoría por problemas de convivencia (73,3%). Al comparar esa cifra actual con respecto a 2024, a igual fecha (184), se registró una disminución de 4,3%; mientras que en 2023 se reportaron 195. Durante ese mismo periodo, pero antes de la pandemia, las denuncias eran menos. En 2019, llegaron a 154.
Del total de 176 ingresos, las denuncias por convivencia representaron la mayor proporción, con 129. Al comparar, respecto a igual fecha de 2024, bajaron 3,7%, ya que el año pasado fueron 134 y en 2023 se consignaron 149. En 2019, eran 98 los reclamos de esta índole.
Según la Supereduc, la mayor parte de las denuncias por convivencia corresponde a situaciones de maltrato a párvulos y/o estudiantes, las que en Ñuble bajaron 8% en el primer semestre de 2025, siendo 71 y en 2024, igual periodo, 77.
Si bien los dos primeros trimestres reflejan una caída respecto a las presuntas vulneraciones de la normativa educativa, la tendencia anual ha sido opuesta, demostrando un alza en los reclamos, que se suele concentrar en los últimos trimestres.
Según estas estadísticas, Ñuble acumuló 429 denuncias en 2024, anotando un aumento de 8,3% respecto a 2023, cuando se presentaron 396 y en 2022, hubo 342. Las cifras anuales tampoco han logrado bajar a los niveles prepandémicos. En 2018 las denuncias eran 131 y en 2019, un total de 326. Al desglosar los reclamos por convivencia, los números también aumentan en los últimos años, 263 (2022), 312 (2023) y 323 (2024) y tampoco se han equiparado con los niveles que existían en circunstancias previas a la emergencia sanitaria. En 2019 se contabilizaron 214 conflictos de convivencia.
En 2024, el maltrato a estudiantes o párvulos concentró 193 denuncias; en 2023, 184; y en 2022 fueron 152.
Al analizar los reportes actuales del Supereduc (1 y 2 trimestre) del total de denuncias (176), 129 correspondieron a convivencia, que representaron el 73,3%; 20 por seguridad e higiene (11,4%); seis por gestión técnica y pedagógica (3,4%), cinco por gestión técnica administrativa (2,8%), cinco por mobiliario y equipamiento (2,8%), cuatro por infraestructura (2,3%), tres por gestión de recursos financieros (1,7%) y cuatro por admisión (2,3%).
En detalle, de los 129 conflictos por convivencia escolar, 71 corresponden a maltrato a estudiantes y párvulos, 25 a discriminación, nueve a medidas disciplinarias, ocho a maltrato a adultos de la comunidad, ocho a situaciones de connotación sexual, cinco por instancias de participación de la comunidad educativa, dos por retención de documentos y una por vulneración de garantías constitucionales.
El 52,8% de las denuncias provienen de miembros de la comunidad educativa de establecimientos subvencionados, le sigue el sistema municipal (29%), educación parvularia (6,8%), Servicio Local de Educación (5,1%), corporación delegada (3,41%) y particular pagado (1,7%).
Diversas causas
En vista de los antecedentes, el director regional de la Superintendencia de Educación, Juan Carlos Sánchez, explicó que posterior a la pandemia se experimentó un aumento de las denuncias a través de los años, que se explica por múltiples factores.
“La falta de socialización al retomar la presencialidad, la incidencia de situaciones de conflictividad y violencia que son externas a la escuela, pero que sin duda la permean, o incluso la penetración de nuevas formas de relacionarnos a través de medios digitales, donde ciertas formas de violencia y acoso también han encontrado espacios. Ahora bien, no todas las causas de un mayor volumen de denuncias son negativas. Desde la Superintendencia de Educación también relacionamos este fenómeno con el hecho de que las comunidades educativas tienen más conciencia sobre sus derechos y sobre cómo deben darse las interacciones en el espacio educativo. Podríamos decir que la ciudadanía no solo conoce más la normativa, sino también a qué instancias recurrir para que se fiscalice su cumplimiento por parte de los establecimientos educacionales”, analizó.
Si bien se constató que, en los periodos anteriores a la emergencia sanitaria (2018 y 2019) las cifras eran inferiores a la actualidad, el directivo advirtió que estos años no son comparables, ya que la región se crea administrativamente en septiembre de 2018, por lo que existen registros de denuncias desde esa fecha en adelante. El 2019 tampoco es considerado un año normal en el sistema educativo, ya que se registraron interrupciones del calendario escolar en todo el país hacia el final del segundo semestre en contexto del estallido social.
“No es posible considerar el año 2019 como un año escolar normal, dadas las interrupciones que afectaron el servicio educativo. Por lo demás, las comunidades educativas van cambiando y las formas de relacionarnos también, por lo que incluso si se volviera a cifras similares a la prepandemia es posible que la naturaleza de las denuncias y los tipos de conflictos no sea la misma. Es fundamental que los planes y programas para abordar los problemas de convivencia se adapten a las realidades temporales y territoriales de las comunidades educativas”, sostuvo Juan Carlos Sánchez.
Políticas para buen clima
Pese a que han escalado los conflictos en el tiempo, el directivo de la Supereduc enfatizó que se han articulado políticas para abordar la convivencia escolar y velar por el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. Como los programas como “A convivir se aprende”, el “Maletín socioemocional” en educación parvularia, el programa “Habilidades para la vida” de Junaeb y la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030.
Precisó que, en la actualidad, el proyecto de Ley de Convivencia y Bienestar de las Comunidades Educativas, se encuentra en tramitación en el Congreso “y considera un fortalecimiento del marco normativo y de las herramientas que las instituciones ponemos al servicio de las comunidades educativas, como la mediación y la gestión colaborativa de conflictos, en el caso de la Superintendencia de Educación”.
Desde la Supereduc recalcaron que además de fiscalizar las denuncias y fomentar la mejora continua a través de la subsanación de faltas o la aplicación de sanciones, también han puesto el foco en la prevención, en la instalación de capacidades en las comunidades educativas y en las estrategias de resolución pacífica de conflictos.
“Hemos visto que muchas veces las personas denunciantes recurren a la Superintendencia antes de intentar agotar los canales formales con que debe contar todo establecimiento para abordar estas situaciones. Por eso estamos impulsando alternativas como facilitar el contacto entre apoderados y el establecimiento, la conciliación al primer contacto o la mediación en aquellos casos en que es posible, ya que, por ejemplo, esto no aplica en casos de vulneraciones de derechos”, dijo el directivo.
El profesional señaló que las comunidades pueden resolver de mejor manera sus conflictos si se mantienen alerta a las señales y los abordan de manera temprana, evitando que escalen a situaciones más complejas.
“Para eso es fundamental que las escuelas puedan distinguir los distintos niveles de diferencias o conflictos. No es lo mismo un problema de convivencia, que una situación de violencia o que un hecho que puede ser constitutivo de delito y para cada uno, aplica un abordaje distinto”, añadió.
Para resguardar los espacios educativos y el bienestar de quienes integran las comunidades, el director enfatizó que es fundamental que los reglamentos internos y protocolos de actuación se encuentren actualizados conforme a la normativa vigente, sean difundidos, conocidos y que exista claridad de los pasos a seguir y las personas responsables ante cada situación.
Asimismo, destacó que no se espera que las escuelas enfrenten solas problemáticas complejas, pero sí que estén preparadas para actuar de forma oportuna y responsable. En este sentido, remarcó la necesidad de que los establecimientos educativos cuenten con articulaciones previas con instituciones externas, tales como organismos que velen por la seguridad, centros asistenciales o entidades de protección de derechos.
“No les pedimos a las escuelas que resuelvan todo, pero sí que alerten a tiempo y cumplan su rol de garantes de derechos, según la normativa vigente”, recalcó.
La Discusión consultó a la Seremi de Educación, sin embargo, al cierre de esta edición, no hubo respuestas.
Acciones
En medio de las tensiones que enfrentan los establecimientos educacionales, la Escuela Reyes de España se ha levantado como un ejemplo de buenas prácticas dirigidas a promover un clima escolar respetuoso e inclusivo.
Desde 2023, el establecimiento municipal comenzó a prohibir el uso de celulares y en la actualidad la medida ya está plenamente instalada. Incluso, se adelantó a la discusión que lleva adelante el Congreso en torno a extender esta iniciativa a todos los colegios del país, donde la comunidad fue citada a compartir su experiencia.
“Esto partió en 2023, cuando empezamos erradicándolo desde las salas de clases. Pero no se optimizaba el tiempo para que el niño aprendiera, porque el profesor tenía que llegar con su cajita en ese año, solicitaba el celular y eso también impedía que el clima fuera apropiado para iniciar una clase. Los niños a veces no querían entregarlo, entonces, estaban enojados, tenían menos disposición para aprender. Así que lo erradicamos completamente. Eso no quiere decir que el niño no lo pueda traer, hay muchos niños que lo traen, pero lo que pasa es que no lo usan. Está en nuestro manual de convivencia que se quita el celular y se entrega al apoderado”, relató la directora de la Escuela Reyes de España, Marisol Contreras.
La razón para erradicar el uso de estos aparatos tecnológicos de la escuela se basó en la necesidad de combatir el ciberacoso, mejorar las relaciones interpersonales y el juego.
“Porque en algún minuto también tuvimos ciberbullying, como muchas escuelas, pero más que nada, cuando uno salía a los recreos, los niños en lugar de estar jugando estaban sentados con su celular. Entonces, claramente tuvimos que erradicarlo porque no se estaban relacionando, no estaban jugando, y el juego es clave para controlar la obesidad, las habilidades sociales, la empatía, que es muy necesaria hoy en día, y que podamos construir el día de mañana un Chile mejor”, explicó la profesional.
A esta experiencia se suma la iniciativa de la “Cabina sensorial de la empatía”, instalada en el ingreso del recinto educativo, para entender la realidad de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y favorecer su integración sin barreras y estigmas que atenten con su integridad física o sicológica.
A través de este cubículo, las personas pueden experimentar cómo sienten quienes tienen esta condición y las circunstancias que gatillan una desregulación en su comportamiento.
“Un clima de respeto, de convivencia también, de no violencia, porque cuando un niño está desregulado y grita, los otros niños no saben lo que pasa con ellos. Entonces, los otros niños también empiezan a sentirse mal. Ahora ellos sí saben, porque el niño, por ejemplo, cuando se va a desregular en la sala de clases, todos los demás saben que tiene que bajar la voz o el ruido y entonces evitamos la desregulación”, aclaró.
Respecto al desafío que dejan en las comunidades de Ñuble, el aumento de la denuncias de convivencia, a través de los años, la directora comentó que existe una alta influencia externa que termina desencadenando problemas en los establecimientos, por lo que debe existir un trabajo integral que vaya más allá del aula para prevenir estos eventos. “Nosotros adentro podemos trabajar bien, pero no podemos hacer el trabajo que tiene que hacerse fuera de la escuela. Muchas veces, es afuera donde tienen el problema y lo llevan al establecimiento educacional. Entonces, creemos que no es solo en las escuelas, creemos que hay una sensación a nivel país, donde ha aumentado la violencia. Lo que pasa es que a las familias les está costando mucho más ahora, incluso uno lo ve en sus sobrinos, en sus hijos, en todo. Les cuesta mucho más porque la sociedad está cambiando y las familias están más en los trabajos. Y como las familias están más en los trabajos, muchos no saben lo que hacen sus pequeños o sus hijos en las casas. (…) Quizás podríamos tener mayor comunicación con la gente que trabaja afuera y ver qué pasa, dónde está inserto el estudiante, cuál es la vulnerabilidad, no sólo de nuestra escuela, sino de esa parte donde él está viviendo, cuáles son los pros y los contras de que él esté ahí y ver también muchas cosas que hay que mejorar en el país”, comentó.
