El Congreso Nacional avanza en una agenda de reformas políticas que busca enfrentar uno de los principales males del sistema democrático chileno: la fragmentación partidaria.
En los últimos días, dos iniciativas clave sumaron respaldo legislativo. Por un lado, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó -por 7 votos a favor y 6 en contra- la idea de legislar sobre la reforma constitucional que modifica el sistema político y electoral. Por otro, la comisión de Gobierno del Senado respaldó un mensaje que endurece los requisitos para la formación de partidos y regula aspectos de su financiamiento.
Ambos textos buscan, en palabras de sus impulsores, “ordenar el sistema político”, fortalecer la gobernabilidad y frenar el descontrol en la representación parlamentaria.
Uno de los principales focos es la fijación de un umbral mínimo de 5% de votación nacional para acceder a la distribución de escaños en la Cámara Baja, además de sancionar con la pérdida del cargo a los legisladores que renuncien al partido por el cual fueron electos.
El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), explicó que estos cambios “no aplicarán para las elecciones de noviembre”, aunque se contemplan normas transitorias.
“Pretendemos que con esos cambios pequeños se haga un cambio grande en los efectos”, afirmó.
Según Alessandri, el objetivo es claro: una Cámara con menos partidos y mayor cohesión interna.
El proyecto generó una votación dividida. Legisladores como Pamela Jiles, Jaime Mulet y Lorena Fries votaron en contra, argumentando que la iniciativa ataca los síntomas, pero no las causas de la fragmentación.
“El problema está en la facilidad para formar partidos, no en alterar la representación ciudadana con umbrales”, fue una de las críticas más reiteradas. Además, advirtieron sobre el riesgo de cerrar espacios a proyectos emergentes que buscan renovar la política.
Más barreras de entrada
En paralelo, el Senado tramita un mensaje del Ejecutivo que complementa la reforma constitucional. La propuesta, respaldada en general por unanimidad, aumenta de 3 a 8 las regiones requeridas para formar un partido y prohíbe por cuatro años que sus fundadores postulen en otra colectividad. También entrega rango legal a los comités parlamentarios y avanza en la regulación del financiamiento público de los partidos.
Durante las sesiones, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió los cambios señalando que permitirán “reducir el costo de la política y fortalecer los partidos como instituciones democráticas”.
Desde el Servicio Electoral, su presidenta, Pamela Figueroa, destacó las nuevas “barreras de entrada” y precisó que, con las nuevas exigencias, serían necesarios 77 mil patrocinios para registrar un partido a nivel nacional.
¿Fin a la renovación política?
El debate no ha estado exento de tensión. Desde el Partido Social Cristiano (PSC), la diputada Sara Concha expresó su preocupación.
“Esta reforma puede socavar la legitimidad del sistema democrático al cerrar la puerta a la renovación política. Los partidos tradicionales no pueden tener el monopolio de la representación”, afirmó.
En contraste, el diputado RN por Ñuble, Frank Sauerbaum, ha sido uno de los impulsores de la reforma.
“Es clave para fortalecer la gobernabilidad. Hoy tenemos 25 partidos constituidos y otros seis en formación. Es insostenible”, alertó.
En su opinión, el exceso de fragmentación impide la generación de acuerdos y obstaculiza la labor legislativa. También se mostró favorable a reducir el número de diputados a 120:.
“Volver a esa cifra es recuperar la tradición y reducir gastos innecesarios”, sostuvo.
En el Senado, tanto Gustavo Sanhueza (UDI) como Loreto Carvajal (PPD) han manifestado su apoyo al paquete de reformas.
Sanhueza subrayó que “la iniciativa busca que seamos leales a la voluntad ciudadana”, refiriéndose a la pérdida de escaño por renuncia partidaria. Carvajal, en tanto, defendió la necesidad de cerrar la puerta al “desmembramiento permanente del sistema político”.
“Cada molestia personal no puede transformarse en un nuevo partido. Eso aleja a la ciudadanía de la política”, afirmó.
Ambos senadores por Ñuble coincidieron en que el país requiere avanzar hacia un modelo político más estable, con partidos sólidos, reglas claras y mayor responsabilidad política. No obstante, admiten que el desafío no será fácil. Varios sectores han condicionado su apoyo a indicaciones que garanticen que las reformas no se conviertan en un cerrojo al pluralismo ni limiten la expresión ciudadana.
En las próximas semanas, tanto la Cámara como el Senado continuarán el trabajo legislativo con la presentación de indicaciones. El debate, aunque técnico, tiene un fuerte trasfondo político: definir el rostro del sistema democrático chileno para las próximas décadas.
